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Emiliano Russo
efrusso@eldia.com
Con fuertes acusaciones a los actuales miembros, el oficialismo se dio el gusto de dar media sanción en el Senado a la ampliación de la Corte Suprema con el apoyo de tres legisladores aliados pero con el fuerte rechazo de Juntos por el Cambio (JxC), que aventuró un destino de “archivo” a la iniciativa por la falta de apoyo que tendrá en Diputados ya que el FdT no tiene los votos ni sumando “aliados” en la Cámara baja. El tratamiento exprés sirvió a Cristina Kirchner, ausente durante la sesión de ayer, para exhibir una demostración de “fuerza” unas horas antes de su comparecencia en el denominado juicio de “Vialidad”, donde está acusada junto a otros exfuncionarios kirchneristas de delitos de defraudación pública.
Para garantizarse el quórum y evitar cualquier sorpresa durante el posterior debate, el kirchnerismo accedió a cambiar la letra original de la enmienda y finalmente propuso subir la composición del máximo tribunal de los actuales 4 miembros a 15, teniendo en cuenta para su selección la cuestión de género y la representación federal de los cortesanos. Para la oposición, no obstante, se trató un “maquillaje” tendiente a ocultar la verdadera intención del oficialismo: intentar condicionar al máximo tribunal que tiene bajo análisis varios recursos presentados por la defensa de la Vicepresidenta.
Nuevamente senadores “aliados” como el rionegrino Alberto Weretineck, que dio letra al proyecto definitivo junto con el puntano Adolfo Rodríguez Saá, la riojana Clara Vega, que asumió su banca por JxC y ahora integra un monobloque, y la misionera Magdalena Solari Quintana, asistieron al oficialismo para poder iniciar la sesión.
Pasadas las 21 la iniciativa obtuvo la media sanción. En el medio hubo fuertes críticas a esta nueva jugada del Frente de Todos: el radical Martín Lousteau no dudó en afirmar que el principal objetivo de la Vice no es otra cosa que lograr un máximo tribunal que “funcione en bandos y se partidice”. Luego recordó los intentos frustrados del oficialismo por aprobar una reforma judicial y un cambio en la Procuraciòn que, tras ser aprobados en la cámara alta, “descansan el sueño de los justos” en Diputados.
También dieron cuenta que con esta “decisión inconsulta” la coalición oficialista dejó pasar una nueva oportunidad para convocar a un diálogo genuino a la oposición.
Los senadores del FdT, en tanto, intentaron quitar cualquier vinculación de la enmienda a la situación judicial de Cristina pero sí reiteraron sus críticas al funcionamiento que viene teniendo el máximo tribunal y el servicio de justicia, en general.
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Lo cierto es que la iniciativa sirvió a la oposición para unirse en momentos en que emergen diferencias entre referentes del PRO y la UCR en la víspera de la discusión electoral y cuando se sospecha el oficialismo intentará suspender las PASO, en 2023. Pero también fue aprovechada para que un referente del “partido amarillo” como Horacio Rodríguez Larreta juegue sus cartas en la propia interna que mantiene con Patricia Bullrich. Así el alcalde porteño sorprendió con un duro comunicado en el que aseguró que la ampliación de la Corte no prosperará por un nuevo freno “en Diputados” para luego concluir: “No habrá impunidad”.
Endureciendo claramente su discurso, vinculó la eventual reforma a un intento del kirchnerismo por condicionar a los diferentes tribunales que deben juzgar a la ex presidenta.
No pareció ingenua, con todo, la sorpresiva convocatoria a la sesión del Senado que la Vice oficializó el último martes. Fue una semana en la que se mostró hiperactiva publicitando las audiencias del juicio Vialidad en las que aseguró que su abogado, Carlos Beraldi, estuvo “desarmando las mentiras de (los fiscales) Luciani y Mola”.
El penalista hoy desde las 9.30 culminará su alegato para luego dejar lugar a la propia Cristina que, desde las 11, ejercerá su defensa. Al igual que el “descargo virtual” que llevó a cabo el pasado 23 de agosto luego que el tribunal rechazara el pedido para ampliar su declaración indagatoria, cuando dijo que lo que se substanciaba en esta causa era un “juicio al peronismo”, se descuenta que ofrecerá un nuevo alegato “político”. Nuevamente buscará cuestionar la actuación de la fiscalía a la que asimila como un brazo ejecutor del “lawfare” que desde 2016, asegura, se centra sobre su persona.
Para la oposición fue un “maquillaje” del oficialismo para proteger a la Vicepresidenta
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