Prisión e inhabilitación: piden una dura condena contra Cristina

La fiscalía del juicio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió una condena a 12 años de prisión y su inhabilitación para ejercer cargos públicos tras acusarla de haber adjudicado de forma irregular decenas de obras viales al empresario santacruceño Lázaro Báez, por quien pidieron la misma condena. Además, reclamó que su patrimonio sea decomisado hasta la suma de al menos 5.321 millones de pesos, junto a los demás acusados. “Este es el monto del delito”, dijo el fiscal y aseguró que debe prorratearse entre todos.

Al pedir la pena para la también exmandataria por los presuntos delitos de asociación ilícita y fraude al Estado durante su gobierno (2007-2015), el fiscal federal Diego Luciani dijo que “estamos ante la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”. La fiscalía calculó la defraudación en alrededor de 5.000 millones de pesos.

Cristina, que intentó ampliar su indagatoria pero fue rechazado su pedido por el tribunal que la juzga, niega los cargos y manifestó a través de sus redes sociales que “no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial’’.

“La matriz de corrupción permanece intacta y no ha podido ser desterrada... es necesario a partir de este caso producir una modificación trascendental’’, sostuvo Luciani. “Es corrupción o justicia, ustedes tienen la decisión final’’, agregó dirigiéndose a los jueces del tribunal.

Este es el primer pedido de condena contra la expresidenta en la docena de causas judiciales por diversos delitos que se iniciaron en su contra, algunas de las cuales fueron cerradas y otras continúan bajo investigación.

Cristina quedó acusada de haber liderado una asociación delictiva que benefició con unas 51 obras viales -muchas de ellas no terminadas- a Lázaro Báez en la provincia sureña de Santa Cruz, así como de fraude en perjuicio de la administración pública.

LE PUEDE INTERESAR

Tensión, incidentes y protestas frente a la casa de Cristina Kirchner en Recoleta

LE PUEDE INTERESAR

Acuerdo por el salario mínimo pero todavía hay puja por la suma fija

Según la fiscalía, la empresa Austral Construcciones que encabezaba Báez fue una estructura creada para extraer fondos del Estado mediante el direccionamiento de licitaciones y cuando concluyó el mandato de Fernández de Kirchner la empresa desapareció. “Austral Construcciones sólo podía subsistir con el amparo y la anuencia de la entonces presidenta’’, sostuvo Luciani.

Los otros imputados

Otras 12 personas están imputadas, entre ellas varios exfuncionarios y Báez. El fiscal pidió 12 años de prisión contra el empresario y 10 años para el exministro responsable de las obras públicas, Julio De Vido. También para su secretario José López, aquel de los millones de dólares en el convento y quien habría sido el nexo con Lázaro Báez.

Los otros acusados, son: Nelson Periotti, extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV): 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como organizador de la asociación ilícita en concurso con la administración fraudulenta.

Mauricio Collareda y Raúl Daruich, exresponsables del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV, 6 años de prisión por administración fraudulenta agravada.

Héctor Garro, expresidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz: 3 años de prisión en suspenso, por administración fraudulenta.

Juan Carlos Villafañe, expresidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz: 6 años de prisión por administración fraudulenta.

Raúl Pavesi, expresidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz: 5 años.

José Santibañez, expresidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz: 4 años de prisión.

Carlos Kirchner, primo de Néstor y exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal: absolución por el delito de asociación ilícita y pedido de condena a dos años de prisión en suspenso por supuesto abuso de autoridad.

Se prevé que el tribunal dicte a fines de año la sentencia, que puede ser apelada ante diversas instancias y no tendrá validez hasta que no esté firme.

Grieta

El alegato del fiscal dejó expuesta la grieta que genera la figura de la vicepresidenta en la sociedad argentina. Un nutrido grupo de ciudadanos con banderas argentinas y golpeando cacerolas se manifestó a favor del fiscal y contra la vicepresidenta justo frente a su apartamento en Recoleta. En el mismo lugar, militantes kirchneristas gritaban “si la tocan a Cristina que quilombo se va a armar’’. (ver pág. 6)

Por su parte, el gobierno nacional condenó en un comunicado “la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta’’ y aseguró que es una “búsqueda de proscripción que se enmarca en intentos similares llevados adelante contra otros líderes populares cuando la justicia se pone al servicio de poderes fácticos’’.

La vicepresidenta enfrenta otras cinco causas judiciales por presunta corrupción, desde uso irregular de aviones presidenciales hasta el pedido de sobornos a empresarios a cambio de adjudicación de obra pública (la causa cuadernos).

Teniendo en cuenta los antecedentes de otras sentencias de corrupción, como el caso del fallecido expresidente Carlos Menem (1989-1999), si la vicepresidenta es condenada pueden pasar años antes de que deba cumplir con la pena. Además, la ley no le impide presentarse a cargos públicos hasta tanto la Corte Suprema -última instancia- no se pronuncie de manera definitiva.

Además, en febrero de 2023 cumplirá los 70 años y puede solicitar el beneficio del arresto domiciliario.

“La corrupción fue la regla, el Estado de derecho quedó rezagado y este desequilibrio debe restaurarse en este juicio con una sentencia justa. Es el Estado de derecho y el respecto a la Constitución la regla, no al corrupción”, alegó el fiscal Luciani.