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Pedro Gargoloff / EL DIA
Pedro Gargoloff *
Médico psiquiatra
El problema sociosanitario que hoy se plantea es cómo prevenir y tratar el consumo de drogas, como la marihuana y la cocaína, que va más allá de los actuales y ocasionales casos de consumo de estas sustancias combinadas con otros tóxicos, tal como lamentablemente viene ocurriendo en estos días. Todos sabemos que el problema es multifactorial, exigiendo la integración de múltiples para mejorar el control de este flagelo.
¿Por qué es un hecho tan negativo para las personas y la sociedad? Porque estas drogas matan, lentamente, día a día, subrepticiamente, mucho más cuando el consumo es periódico, compulsivo, cuando existe una incapacidad para detenerse una vez iniciado así como para regular la frecuencia del consumo. Matan, claro, pero no necesaria y exclusivamente en términos de letalidad, de ocasionar la muerte de la persona que consume; sí lo hacen por las consecuencias negativas, en el progresivo deterioro de su salud mental, en el empobrecimiento en su desempeño social y en la productividad laboral y profesional, en la dificultades para planificar y ejecutar un proyecto de vida que procure el bienestar consigo mismo y su entorno, sin olvidar el agravamiento de la enfermedad que produce el consumo de cannabis en personas vulnerables como quienes padecen esquizofrenia.
¿Cómo intervenir para reducir estos riesgos? Hay consenso en que la problemática del consumo de drogas de abuso excede al campo sanitario, incluyendo componentes sociales, culturales, económicos, políticos y un largo etcétera. Entonces, ¿qué puede hacer en particular el sistema de cuidados de la salud mental? Mucho, con profesionales en número suficiente y capacitados en esta temática, con dispositivos de cuidados específicos, particularmente en el número de centros de rehabilitación, en su distribución geográfica e idoneidad; finalmente, con normas legales y protocolos de intervención ajustados al contexto sociocultural y sustentados en probadas evidencias de efectividad y aplicabilidad.
Y es en este punto donde la respuesta del Estado es insuficiente, con una Ley Nacional de Salud Mental vigente que no provee las herramientas apropiadas para un sistema de cuidados oportuno y adecuado, siendo cuestionada no solo por profesionales de la salud mental sino especialmente por familiares de personas con trastornos mentales severos y con consumo de drogas, un sector de la sociedad que suele permanecer invisible en sus problemas diarios para afrontar la enfermedad, salvo cuando desafortunadamente se hacen públicas situaciones como la de estos días. También esta ley no se ha implementado, por parte de los responsables en un punto clave: no se ha incrementado el presupuesto destinado a salud mental como ordena esta norma (10 por ciento de presupuesto de Salud) y promueven organismos como la Organización Mundial de la Salud; es más, ha habido constricciones en el curso de estos 12 años, incluso en asignaciones de cuestionable efectividad.
Otro aspecto crítico y deficitario está dado por las barreras para evaluación y atención ante situaciones de emergencia por crisis de salud mental severas, en tiempo y forma, sobre todo cuando la intervención del equipo de salud es urgente por la incapacidad de la persona para decidir dónde y cómo ser asistido. Precisamente por ser involuntaria está en una zona gris, que basado en que el estado debe garantizar el acceso a la salud mental, la mencionada ley no ha resuelto sino más bien ha dificultado, siendo imperativo concretar modificaciones en su formulación, que debe llevarse a cabo con la intervención de todos los sectores interesados, incluyendo especialmente a los familiares representados por asociaciones civiles con perfil de ayuda mutua como AAFE de La Plata, ACAPEF de Córdoba, APEF de CABA.
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