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La reciente elección interna de la UCR bonaerense para cargos partidarios pasó a la judicialización. La lista opositora que encabezó el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, presentó un recurso en el que pidió la intervención de la Junta Electoral partidaria por “parcialidad manifiesta”. Objeta el proceso de escrutinio, señala a tres miembros de ese órgano partidario como ejecutores de dicha irregularidad, todos representantes del oficialismo, e impugna el acto electoral completo, realizado el pasado domingo 21 de marzo.
Los miembros señalados son Federico Carozzi (Presidente de la Junta), José Fernández (Secretario) y Lucía Gómez (Vocal), una mayoría de tres en un órgano de cinco miembros. Se los acusa de ocultar información sobre el recuento a los representantes de la oposición en la Junta y que el resultado final que se emitió oficialmente con la firma de esa mayoría oficialista se hizo público sin tener los datos completos de las actas de todos los distritos de la Provincia.
Por eso se presentó una cautelar para que la Justicia impida la proclamación oficial de nuevas autoridades hasta que no se desentrañe la discusión de fondo.
El escrito se presentó en el Juzgado Federal Nº 1 de La Plata, con competencia electoral, comandado por el recientemente asumido Alejo Ramos Padilla.
Según los datos oficiales de la Junta partidaria de la UCR bonaerense, la lista oficialista, que candidateó al diputado provincial marplatense Maximiliano Abad como presidente de la fuerza, se impuso por 52 por ciento a 48 por ciento sobre la nómina de Posse, éste último respaldado por sectores históricos del partido, que responden a Federico Storani y Juan Manuel Casella, y por el senador Martín Lousteau, suerte de figura estelar del radicalismo nacional.
La lista de Posse se llamó “Protagonismo radical”, toda una definición respecto a la situación de supuesta sumisión frente al Pro que le endilgaron en la campaña a la actual conducción, que estuvo encabezada por el ex vicegobernador Daniel Salvador, durante la gestión provincial de María Eugenia Vidal. La nómina de Abad se llamó “Adelante Buenos Aires” y se propuso como una “continuidad mejorada”.
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La maniobra es, lisa y llanamente, una no aceptación del resultado de la interna, que fue sólo para afiliados y movilizó unos 105 mil votantes de un padrón provincial de 648 mil.
Desde el oficialismo partidario, como era previsible, desestimaron el planteo judicial y, en apreciaciones fuera de micrófono, denuncian una suerte de alianza del possismo con el kirchnerismo para “empiojar la cancha” con el objetivo de avanzar con la intervención total del partido.
Se basan en la supuesta cercanía del juez Ramos Padilla con el oficialismo peronista gobernante. Difícil de probar en los papeles.
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