Procesan a dos ex funcionarios del gobierno de Macri

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó sin prisión preventiva al ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías y al ex titular de Vialidad Nacional y ex ministro de Energía de la gestión de Cambiemos, Javier Iguacel, por presunta administración fraudulenta, en una investigación por la renegociación de concesiones de peajes en el gobierno de Mauricio Macri.

En la causa se investigan presuntas irregularidades en la renegociación de contratos de concesionarias de peajes en las autopistas Panamericana y Acceso Oeste que habrían beneficiado a empresas vinculadas al expresidente Macri.

indagatorias

Además, en la misma resolución, el magistrado fijó para este viernes la declaración indagatoria al ex ministro de Transporte del macrismo Guillermo Dietrich y para el lunes próximo la del ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, ambos a las 10, según la resolución de 160 carillas.

Están imputados, además, los empresarios responsables de Autopistas del Sol S.A. y Grupo Concesionario Oeste, cuyas fechas para declaración indagatoria se fijarán a medida que se concreten las citaciones a los ex funcionarios.

Los ex funcionarios habían sido citados ya a indagatoria en el caso, pero ahora el magistrado puso fecha para ese trámite, que se hará por videoconferencia a raíz del aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus.

“Cada uno de los imputados realizó, en el marco de las respectivas competencias funcionales que ostentaban, el aporte necesario para que la maniobra se desarrollara del modo planeado”, sostuvo el juez tras ubicar a Iguacel como quien negoció con las empresas beneficiadas y a Saravia Frias como el responsable de respaldar con su firma los acuerdos alcanzados, pese al cúmulo de irregularidades detectadas en la investigación.

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El juez, que pidió du jubilación mientras en la Magistratura tiene varias denuncias por preunto enriquecimiento ilícito, resolvió procesar a Saravia Frías y a Iguacel, luego de que ambos se negaron la semana pasada a prestar declaración indagatoria y sin esperar a que concluya la ronda de declaraciones de imputados que deberán presentarse en la investigación. Calculó un posible perjuicio por 499 millones de dólares.