El exponencial aumento de contagios aviva tensiones políticas en la Provincia

En el -hasta ahora- peor momento de la pandemia por coronavirus, las tensiones políticas en la provincia de Buenos Aires se disparan al ritmo vertiginoso de los contagios.

Dos plagas, la sanitaria y la (no menos urgente) cuestión económica, avivan contrapuntos entre el Gobierno bonaerense y la oposición, pero también hacia el interior del gabinete de Axel Kicillof.

Está, por un lado, el crecimiento exponencial de los casos. El martes, la Provincia reportó 488, la mayor cifra en un día, superando incluso a los 371 de la ciudad de Buenos Aires. Es algo que no sucedía desde el 5 de mayo, cuando los positivos bonaerenses de esa jornada fueron 58, frente a los 57 porteños. Menos de un mes después, el reporte en un solo día fue ocho veces superior a aquel. El registro por jornada varió apenas ayer, al arrojar 442 contagios bonaerenses (sobre un total de 7.074), frente a los 467 porteños (que suman 9.318 desde el comienzo de la crisis).

A este ritmo, se estima, el número de infectados se duplicaría cada dos semanas, mientras en la capital federal lo haría cada poco más de 16 días.

Este cuadro llevó al ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, a repetir lo que tantas veces en estos días: que el sistema sanitario podría colapsar, aunque esta vez arriesgó una fecha. “Si sigue el ritmo exponencial, tendríamos el sistema de salud colapsado para mediados de julio”.

A horas de sentar las bases de la nueva cuarentena que comenzará a regir el lunes próximo, parece haber poco margen para levantar el candado de la economía y habilitar más actividades, una estrategia que choca con los planes del gobierno porteño, pero también con los reclamos de alcaldes opositores del interior y el Conurbano. Ese malestar, incluso, encontró en las últimas horas eco en el secretario de Seguridad provincial, Sergio Berni. “Lo que le pasa a la gente en la calle no es lo mismo que se siente a veces en algunas oficinas donde se toman definiciones”, se quejó al salir de una reunión en Casa Rosada para definir la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio. En ese encuentro también estaba Gollán.

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La política, aún entre aliados, hunde los pies en el barro cenagoso de la grieta, más ancha mientras más proliferan los contagios. Y cuando se verifica la ya prevista réplica vernácula de la pandemia: que el virus puede golpear con mayor fiereza entre los habitantes de barrios populares.

A uno y otro lado del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el aumento de casos por COVID-19 coincide con los mayores testeos realizados en villas y asentamientos. En la Provincia, hacia los últimos días de mayo, cuando los infectados diarios empezaron a rebasar los 200.

Con la alarma sonando en los vecindarios de emergencia capitalinos, la Provincia salió a la caza del virus en sus barrios populares. Y lo encontró. Tanto que el 24 de mayo, al detectar 53 casos en la Villa Azul -ubicada entre Quilmes y Avellaneda-, el Gobierno resolvió cercar a sus 5.000 habitantes. Hoy, esa barriada cuenta 276 positivos y lamenta dos muertes, mientras su estrategia de aislamiento comunitario se calca desde ayer en una parte del barrio José Luis Cabezas -que se extiende entre Berisso y Ensenada-, con 39 positivos.

Es en estas barriadas, en las profundidades del Conurbano, donde el coronavirus se mueve a sus anchas y en forma inaugural. Allí, donde campan el hacinamiento, la pobreza y la ausencia de servicios básicos, cumplir con medidas preventivas como el aislamiento o la correcta higiene resultan casi misión imposible. Son poblaciones entre las que, como insiste el presidente Alberto Fernández, no hay diario del lunes que valga: Europa no conoce de villas como las argentinas.

Por eso en el Conurbano, que concentra más del 80 por ciento de los infectados bonaerenses, la pandemia resulta un drama añadido a las atávicas urgencias sociales y económicas. La receta para atenderlos no puede ser más que local.

EL INTERIOR

Esa realidad dista de lo que sucede en 93 de los 135 municipios bonaerenses, en los que los contagios hasta ayer eran diez o menos. Mientras 39 de ellos se mantenían en cero.

En ese selecto grupo de casi cien comunas se encuentra Tandil, con cuatro infectados y cuyo intendente, Miguel Lunghi, ya avisó que, de no recibir respuestas del Gobernador para flexibilizar la cuarentena, los comercios de esa ciudad abrirán “sin autorización”.

La misma línea siguieron unos 50 alcaldes de Juntos por el Cambio, del interior, pero también de comunas como Vicente López y La Plata, desde donde le solicitaron a Kicillof “mayor autonomía para tomar decisiones ágiles en el territorio”.

Saben que la pandemia amenaza la salud. Pero también la economía, cuyos estragos pre-cuarentena ven agravarse cada día: uno de cada diez comercios no volverían a abrir una vez finalizado el aislamiento en curso, según una estimación reciente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC). El epicentro de la problemática, huelga repetirlo, se centra en el AMBA y alcanza también al Gran La Plata.

“Cada distrito es un mundo”, repiten en los municipios, y se aferran a una máxima: la imprescindible necesidad de salvar vidas, pero sin destruir -todavía más- la economía.