Las penurias bonaerenses que se esconden detrás del oscuro velo de la pandemia

Los efectos que está produciendo la pandemia en la vida cotidiana de la gente y su impacto arrollador en las decisiones del Gobierno, apenas si dejan rendijas por donde mirar otras cuestiones de fondo que se cocinan en la Provincia.

Es lógico que el principal tema gestión acapare la atención y el esfuerzo del Estado. La cuestión sanitaria, luego de larguísimos años de abandono, pasó de un plumazo al tope de las preocupaciones oficiales producto de la amenaza cierta del coronavirus, aún cuando falta muchísimo por hacer. También los efectos sobre una economía que ya venía golpeada con dureza en los dos últimos años.

Las cosas en la Provincia, más allá de los contagios y las medidas que se adoptan en pos de buscar algún dique de contención frente a esa amenaza, siguen pasando. Ocurren detrás del pesado y oscuro cortinado de la pandemia, cuya opacidad deja en segundo plano debates que llegarán más allá de hasta cuándo se extienda la cuarentena.

Uno de esos asuntos es por demás espinoso y refiere al debate que se viene por el futuro del sistema previsional bonaerense. Córdoba, una de las últimas provincias en conservar su caja jubilatoria, acaba de armonizar su sistema con el nacional regido por Anses. ¿Buenos Aires seguirá sus pasos? La pregunta encuentra desmentidas enfáticas. Pero también, un mar de dudas que se embravece a medida que se conocen los números de una de las últimas joyas de la abuela que le quedan a la Provincia. Con cerca de 36 mil millones de pesos anuales de déficit, la situación del Instituto de Previsión Social requiere de algún tipo de reforma y los propios funcionarios del organismo lo admiten.

La asimilación lisa y llana al sistema del Anses implicaría no sólo elevar la edad jubilatoria para los varones de 60 a 65 años. Si se quiere, sería el cambio menos cruento. La forma en que se calcularía el haber de manera mucho menos ventajosa para los pasivos y la pérdida de la movilidad jubilatoria, serían dos de las cuestiones que más rechazos generan entre los gremios estatales.

“En el Ejecutivo admiten que hay que revisar el sistema previsional bonaerense, que soporta un déficit de 36 mil millones de pesos”

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El gobierno de Axel Kicillof admite que hay que abrir un debate sobre el sistema previsional, pero al mismo tiempo niega que esa discusión implique la armonización con el régimen nacional de previsión.

La Nación viene asistiendo a la Provincia por el déficit de sus cajas jubilatorias. De hecho, acaba de enviar unos 6 mil millones de pesos por el ejercicio 2017. ¿Seguirá por la eternidad la Casa Rosada sufragando sumas cada vez más abultadas para tapar ese agujero fiscal? En esa relación el Fondo Monetario Internacional también juega su partido. Este organismo viene oficiando como una especie de garante de un eventual acuerdo con los acreedores para la solución de la deuda nacional. Pero al mismo tiempo exige reformas que incluyen, por caso, la previsional.

En el gobierno bonaerense niegan que algunos cambios que se proyectan y que se mantienen dentro de un fuerte hermetismo, contemplen la temida armonización. Resulta llamativo, por otra parte, que gremios combativos mantengan un prudente silencio en medio de las versiones y el caso Córdoba que acaba de cocinarse.

También alguna omisión del propio Ejecutivo incrementa las dudas. Pese al rechazo cerrado del peronismo a los cambios que la gestión de María Eugenia Vidal introdujo a la Caja del Banco Provincia por el cual se extendió la edad jubilatoria, nunca apareció un proyecto rectificatorio oficial para dar marcha atrás. Esa ley, que ya se está aplicando, aún espera resolución de la Suprema Corte al planteo formulado por la Bancaria.

Esta semana traerá novedades respecto de otro asunto de fondo: la renegociación de la deuda que propone el gobierno provincial. El martes vence el plazo para que los acreedores contesten sobre la oferta de reestructuración de casi 7 mil millones de dólares, que incluye un período de gracia de 3 años, una quita del 55% en los intereses y de cerca de 7% en el capital. Atada a la suerte de la estrategia nacional, la Provincia parece encaminada a proponen una nueva prórroga de las conversaciones ante una previsible falta de acuerdo mientras ya aparece en zona de default selectivo.

Hay otra cuestión sobrevolando el horizonte: el pago de los subsidios al transporte y la energía que Kicillof pretende devolver a la Nación tras el paso de manos de Macri a Vidal. Son cifras millonarias: no menos de 70 mil millones para este año.

Por estas horas se produce una primera derivación de este asunto espinoso: la reducción del servicio de micros por falta de pago de esos aportes estatales.

La pandemia y sus efectos devastadores no son los únicos asuntos urgentes en la agenda oficial.