La complicada misión de mantener el equilibrio entre el estilo de Alberto F. y el liderazgo de Cristina

Alberto Fernández enfocó la controversia que se disparó en torno a la liberación de presos como un factor que puede inquietar a la sociedad en momentos en que se desarrolla una medida inédita como lo es la cuarentena. Por eso, ordenó desandar el camino que funcionarios del propio oficialismo habían comenzado a transitar antes de que estallara la pandemia del COVID-19.

El Presidente tuvo un aviso en ese sentido cuando trascendió que el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, dio instrucciones para que el organismo reclamara la liberación de un corrupto confeso como Ricardo Jaime y del ex piquetero Luis D’Elía. Lo citó a la quinta de Olivos y pese a que trascendió su enojo, por ahora Alberto F. mantiene a Pietragalla en el cargo.

Antes que eso, incluso, se empezó a cocinar en la provincia de Buenos Aires una estrategia para despoblar cárceles en las que el hacinamiento de presos fue advertido por misiones de Naciones Unidas. Un fallo de la Cámara de Casación bonaerense terminó siendo el instrumento mediante el cual las liberaciones comenzaron a ejecutarse en los distintos departamentos judiciales.

De ahí que sectores de la oposición denunciaron la existencia de un plan de liberaciones masivas en la Provincia, lo que llevó a Alberto F. y al gobernador Axel Kicillof a organizar una desmentida conjunta. Argumentaron la separación de poderes y afirmaron que la responsabilidad es de los jueces. El Presidente no contuvo la tentación de cuestionar a los medios de comunicación.

Pero los hechos son incontrastables: sólo en territorio bonaerense, más de 2.400 personas privadas de la libertad fueron beneficiadas con la prisión domiciliaria este año y se registró una notable aceleración de los pedidos de los abogados defensores desde el 20 de marzo, cuando el Presidente decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio. En castellano, la cuarentena.

Si bien Alberto F. buscó crear un clima de armonía política para apuntalar el combate contra el “enemigo invisible”, como definió al coronavirus, lo cierto es que por cuerda paralela algunos funcionarios utilizaron ese paraguas para moverse con autonomía. Al caso de Pietragalla le siguió el de Juan Martín Mena, viceministro de Justicia, que negoció el levantamiento del motín de Devoto.

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Ambos reportan a la jefatura de Cristina Kirchner, que mantiene intacto su liderazgo en el oficialismo pese a que hace un culto del silencio político. En ese marco, hay funcionarios a los que les cuesta adaptarse al estilo de Alberto F. Alejandro Vanoli, el despedido titular de ANSES, puede dar fe de ello. Y la Vice se aseguró que ese cargo estratégico quedara en manos de La Cámpora.