En la Provincia impulsan crear un fondo de ayuda a través de una poda salarial

“Algo hay que hacer”. La definición tiene más de sentencia que de pregunta. Recorre a la política bonaerense aunque por ahora su permeabilidad sólo se verifique en ejemplos puntuales.

Resulta casi una obviedad apuntar que la discusión remite a los efectos del coronavirus, muchos de ellos visibles; otros, dibujados en escenarios más o menos apocalípticos en función de los estragos sociales, sanitarios y económicos que pudiera descerrajar la pandemia.

Varios intendentes tomaron el pulso de sus territorios. Auscultaron que las necesidades alimentarias preexistentes aumentaron producto del súbito freno que sufrió la economía informal. También, que las Pymes piden auxilio para sostener su sobrevida en un contexto, para muchas de ellas, de parate total. Y que sus sistemas de salud, nutridos con aportes más bien delgados de sus propios presupuestos, pudieran verse largamente sobrepasados en sus posibilidades de brindar atención adecuada a los afectados por el virus.

La medida que comenzaron a adoptar algunos de ellos es coincidente: reducir sus salarios y el de sus funcionarios para destinar ese recorte a la emergencia. Más que un aporte sustancial, se trata de un gesto que reconoce, además, el creciente malestar social que alumbra una crisis de alcances indefinidos y que se expresa también detrás de una protesta en la que suenan cacerolas, que se reproduce con vigor en las redes sociales y que hace blanco en la propia política.

En la Provincia existen opiniones divergentes en torno de la idea que se menea en algunos despachos legislativos: la de crear un fondo específico para mitigar los efectos sociales, económicos y sanitarios de la pandemia con un recorte salarial cercano al 30 por ciento que afectaría a funcionarios del Ejecutivo, jueces, diputados y senadores.

Cerca del gobernador Axel Kicillof aseguran que no se analiza esa posibilidad, en sintonía con la idea que se maneja en la Casa Rosada de no transitar ese camino. Pero hoy habrá una reunión de diputados oficialistas y opositores donde ese tema formará parte de la agenda dominada por el letal coronavirus.

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Varias provincias, incluso algunas gobernadas por el PJ, impusieron esta medida. “Tiene que haber un acuerdo de todos. Nadie debería hacer esto por sí solo para obtener una ventaja política”, dicen desde Juntos por el Cambio en la Cámara baja.

Pero la discusión cruza los distintos sectores. Incluso en la oposición, donde se empuja con énfasis la creación del fondo, anidan divergencias. Hay quienes recelan de entregarle, llave en mano, el manejo de esos recursos al Gobernador. Una estimación no oficial habla de que esa masa rondaría, si la medida se aplicara desde este mes, los 128 millones de pesos.

No es el único asunto que está en debate. Hay algunos legisladores opositores que quieren ir más lejos con la idea de compensar a aquellos trabajadores que por su actividad están expuestos al virus como médicos y policías. ¿De qué forma? Con el aporte de sueldos de funcionarios de los tres poderes del Estado más el que pudieran hacer los empleados de la Provincia que no están yendo a trabajar por imperio de la cuarentena. La polémica parece asegurada.

“Hay gente que no puede trabajar, que no tiene ingresos. El que cobra hoy un cheque del Estado tiene un privilegio y algo tiene que aportar en medio de esta crisis”, sostienen quienes impulsan la creación del fondo, convencidos de que “algo hay que hacer”.

El peronismo en general se muestra poco permeable a abrirle paso a una discusión de estas características, aunque existen voces sueltas dispuestas a analizar el pedido opositor, empujado por el convencimiento de que existe una demanda social concreta detrás del acotado reclamo ciudadano de las últimas horas expresado en el trepidar de las cacerolas.