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En cada ocasión en la que se aproxima el inicio de un nuevo ciclo lectivo en la Provincia *-y en una suerte de subordinación al concepto filosófico del eterno retorno, que plantea una indefinida reiteración de los fenómenos- se reflota la alternativa de que, a modo de protesta por cuestiones salariales y otras de índole laboral por parte del sector docente, no arranquen las clases en las escuelas bonaerenses.
En los últimos años esa situación se presentó puntualmente y se reflejó en las aulas que permanecieron cerradas durante muchas jornadas a lo largo del ciclo lectivo, a partir de los numerosos días de paro dispuestos. Y si bien en esta oportunidad, algunos sectores sindicales aseguraron que las clases arrancarían con normalidad, desde otros gremios docentes se formularon duras advertencias acerca de las actitudes que podrán adoptar, si en la paritaria convocada por el Gobierno para mañana no se tratan y despejan algunas de las reivindicaciones sectoriales.
Como se dijo, ocurrió lo mismo con las anteriores administraciones provinciales. Los elencos de funcionarios fueron cambiando en los distintos turnos, pero el problema siguió siendo siempre igual: como el Gobierno y los gremios docentes no se ponían de acuerdo en el tira y afloja, las aulas no abrieron para recibir a los alumnos.
Antes que adentrarse, entonces, en los detalles de las negociaciones que se iniciarán, lo que debe evitarse a todo trance es que esos millones de escolares –se habla de la matrícula más elevada de América del Sur- se encuentren con las aulas inactivas. Esta premisa debiera ser el primer punto a resolver. Se lo dijo en los inicios de cada año lectivo y es preciso reiterarlo ahora. Una debida formación no admite interferencias y, según lo reiteran muchos especialistas, un día sin escuelas es un día que no se recupera.
Sólo cabe ahora insistir en la necesidad de que ambos sectores agoten las posibilidades hasta llegar a posturas consensuadas, que permitan resolver una situación cuyos primeros y más directos perjudicados son los niños y jóvenes que asisten a las escuelas bonaerenses y que –de no acordar entre las partes- no podrán acudir a ellas. Ni hablar del grave trastorno que ello también supone para los padres.
La discontinuidad que caracteriza a los ciclos lectivos resiente profundamente y desmerece a la escuela pública, necesitada, como nunca antes, de normalizar el fundamental servicio que debe prestar, que debiera caracterizarse por la excelencia en la formación de los chicos y por la continuidad con que se debe brindar.
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Todos habrán de estar de acuerdo en que la discontinuidad de un ciclo lectivo resiente profundamente a la escuela pública. Ello no significa, en modo alguno, desmerecer las justas reivindicaciones que puedan invocar los docentes, cuya tarea reclama justos reconocimientos. Por ello es que debe insistirse en que las autoridades y los dirigentes gremiales del sector procuren encontrar fórmulas innovadoras, capaces de manejar situaciones potencialmente litigiosas, de modo que ellas permitan la extensión de un ciclo lectivo que le garantice a los escolares ejercer el pleno derecho de aprender, sin que ambas partes dejen de debatir sobre las demandas de los docentes y las posibilidades presupuestarias de la Provincia para atenderlas.
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