

Félix Crous
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No habrá representantes del organismo en los juicios por los cuadernos, la obra pública y la ruta del dinero K. Aduce falta de personal
Félix Crous
Mariano Spezzapria
@mnspezzapria
La Oficina Anticorrupción dejará de ser querellante en causas penales. La decisión fue adoptada por el titular de la OA, Félix Crous, con el argumento de que al organismo dependiente del Poder Ejecutivo le falta personal y tiene limitaciones presupuestarias. Aunque la oposición política denunció que el funcionario no quiere participar de juicios que involucran a la vicepresidenta Cristina Kirchner, por hechos que tuvieron lugar durante sus mandatos como jefa de Estado.
“Habrá de disponerse en desistimiento del rol de querellante en los procesos penales en los que se interviene en ese carácter”, ordenó una resolución de la OA firmada por Crous el último lunes, por la cual se disolvió la Oficina de Litigios. El organismo se retirará de 32 causas, entre otras las denominadas Obra Pública, Ciccone, Once, Ruta del dinero, Odebrecht y Cuadernos.
Se trata de expedientes que aún no llegaron a juicio y que, de acuerdo a la orden del fiscal Crous, sólo contarán con la participación de la OA hasta tanto concluya el período de recepción de pruebas. La medida había sido anticipada en mayo pasado, cuando el organismo dejó de ser querellante en las causas Hotesur y Los Sauces, por las que están acusados Cristina, sus hijos Máximo y Florencia y los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, entre otros.
Durante la breve gestión de Crous, la OA tuvo 42 bajas y solamente 19 ingresos de nuevo personal. La ex titular organismo durante el Gobierno de Mauricio Macri, Laura Alonso, consideró que Crous “taló la Oficina adrede” y dijo que “había recursos humanos muy buenos”, pero “los echaron o no los recontrataron”.
El Gobierno replicó velozmente las acusaciones de Alonso. “La Oficina Anticorrupción no necesita querellar: para eso están los fiscales. Cuando la querella se superpone con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, los fiscales están para eso. Laura Alonso desistió 44 querellas en su gestión y no inició ninguna contra macristas”, afirmaron fuentes gubernamentales.
Las voces opositoras, ni bien conocida la decisión de la Oficina Anticorrupción, se hicieron oír. En principio, de la ex titular del organismo durante la administración macrista: “Saluden a la impunidad que llegó para quedarse”, escribió Alonso en Twitter y se preguntó: “¿Esta vez @alferdez también se entera por los medios? La Oficina Anticorrupción disolvió su oficina de Litigios y ya no intervendrá en las causas contra funcionarios y exfuncionarios”. Y se solidarizó con los familiares de las víctimas de la tragedia de Once y con los arrepentidos y los testigos protegidos: “La OA les suelta la mano”.
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También fue muy duro el presidente del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio Mario Negri: “En vez de gastar millones en el #NODIO (el flamante observatorio de medios) para perseguir la libertad de expresión, propongo que giren esos fondos a la #OficinaAnticorrupción y que ésta no desista de cumplir su rol de defensa del patrimonio del Estado frente a la corrupción”, escribió en Twitter y sentenció: “El Gobierno busca excusas para la impunidad”.
Mientras, en contacto con EL DIA, los voceros de la Casa Rosada aseguraron que la OA “seguirá investigando y denunciando como hasta ahora, pero no será querellante”. En la misma línea, afirmaron que “la actual gestión denunció pero no querelló a ningún funcionario macrista”.
De acuerdo a las fuentes consultadas, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) le recomendó a la Argentina “dedicarse a las políticas de prevención y no al caso a caso”.
Más allá de las explicaciones oficiales, la resolución de Crous hizo ruido interno en el Gobierno, mientras que Cristina Kirchner –señalada por la oposición como la impulsora de la medida- mantuvo silencio al respecto.
De fondo, la permanencia de la OA dentro de la estructura del Poder Ejecutivo es cuestionada por la mayoría de los partidos políticos, puesto que no se verificaron casos en los que el organismo investigó seriamente a un funcionario de la propia administración.
El Gobierno destacó ayer la “creación de áreas de transparencia en la alta dirección de los ministerios” y la instrumentación de “herramientas de control ciudadano, como el Mapa de la Obra Pública o la publicación de los gastos del Ministerio de Salud” en medio de la pandemia de coronavirus.
En ese contexto se percibieron las luces y sombras en la gestión del presidente Fernández: por un lado la OA se retiró de las querellas en causas que investigan al kirchnerismo; por otro lado el Ministerio de Obras Públicas puso en línea la información de las obras en curso en todo el país. Como se sabe, se trata de un sector de la gestión estatal que históricamente está sospechado de corrupción.
En una conferencia de prensa que encabezaron el ministro Gabriel Katopodis y la titular de la AySA, Malena Galmarini, que integran el ala no kirchnerista del Gobierno, se presentó una plataforma online creada para “facilitar el conocimiento, el acceso a la información y el control ciudadano para el seguimiento de la ejecución de las obras públicas”.
Según explicó Katopodis, el sitio fue desarrollado en conjunto con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) para brindar información que “permite conocer la ubicación de las obras públicas; realizar un seguimiento de los gastos en los proyectos y controlar el estado de avances de las obras a través de comentarios, imágenes, sugerencias o denuncias”.
“Tenemos un imperativo ético en la asignación de fondos públicos y creemos en la necesidad de recuperar la relación entre la política y la ciudadanía, en medio de una de las crisis más profundas que haya atravesado la Argentina”, dijo Katopodis en una rueda de prensa.
A su vez, Galmarini sostuvo: “Lo mejor que podemos hacer es abrir los datos, para que los ciudadanos sepan qué estamos haciendo con sus impuestos”.
En una primera etapa, el portal htts://mapainversiones.obraspublicas.gob.ar incluye unas 600 obras en ejecución y en forma gradual irá incorporando las obras de todo el país. Katopodis precisó que los ciudadanos podrán tomar fotos para denunciar demoras en los plazos de construcción previstos oficialmente.
“El Gobierno busca excusas para la impunidad”, advirtió el diputado Negri
Más allá de las explicaciones, la resolución de Crous hizo ruido interno en el Gobierno
Félix Crous
Laura Alonso
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