Quieren sancionar la reforma del Código Procesal Penal antes de fin de año

El gobierno de María Eugenia Vidal confía en que la Legislatura bonaerense apruebe en los próximos meses la reforma del Código Procesal Penal, mediante la cual se impulsa “poner a la víctima en el centro del proceso penal”.

Así lo advirtió el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, sobre la iniciativa enviada a la Cámara de Diputados hace un año, sobre el que -esperan en el Ejecutivo- se reavive el debate.

La reforma apunta a garantizar la participación de las víctimas en todo el proceso judicial que se le siga al victimario, así como pretende reducir la cantidad de recursos a los que puede apelar un delincuente para evitar ser encarcelado y dispone que el juez tenga en cuenta la reiteración delictiva a la hora de decidir la excarcelación de un reo.

“La idea es cambiar el paradigma. Antes, el victimario quedaba en el centro de la acción y ahora la víctima pasa a ser la privilegiada porque es la única que no quería ser parte de un proceso penal y de pronto se siente inmersa en un procedimiento. Por eso, necesita un apoyo absoluto por parte del Estado”, subrayó Ferrari.

Además, si se aprueba el proyecto, las víctimas de delitos podrán conocer y participar de las decisiones de los jueces y opinar sobre el otorgamiento de determinados beneficios al condenado, como salidas transitorias o anticipadas.

“También limita las excarcelaciones. Establece la obligatoriedad que tiene el juez de escuchar a la víctima antes de determinar una libertad condicional, salidas transitorias o la salida en libertad de una persona”, describió el ministro de Justicia.

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“Queremos cambiar los sistemas recursivos de forma que no puedan apelarse de manera infinita distintos tipos de sanciones que tienen los delincuentes cuando cometen algún delito”, indicó.

En la provincia de Buenos Aires hay “hasta siete sistemas recursivos, cuatro ordinarios y tres extraordinarios” señaló al subrayar que “el hábeas corpus terminó siendo un recuso para cualquier cosa”, por lo que el proyecto apunta a “que vuelva a ser una acción”.

Además, recordó, los jueces “tendrán que aceptar apelaciones de la víctima y otras cuestiones que hacen a mayor garantía si estamos ante un proceso que defiende más a los ciudadanos que a aquellos que cometieron delitos”. Y defendió que, si se aprueba, “la víctima estará informada, será escuchada y asistida”.