Pichetto pedirá juicio político para la jueza que liberó al motochorro colombiano

El presidente del bloque de senadores del PJ, Miguel Angel Pichetto, pedirá en los próximos días juicio político a la jueza que liberó al ladrón, de nacionalidad colombiana, arrestado tras haber arrebatado un teléfono celular a una joven en el barrio porteño de Caballito.

Además, el senador nacional reclamó a la Cancillería que establezca "convenios de intercambio de información con todas las naciones de la región" para conocer si cuentan con antecedentes penales los ciudadanos que visitan Argentina, y evaluó que, en el caso de que esa política no prosperara, debería apelarse una "medida más extrema", como la imposición de una "visa".

A través de un comunicado, Pichetto informó que está preparando un pedido de juicio político contra la jueza nacional en lo criminal y correccional Patricia Guichandut, quien concedió una "probation" y liberó al colombiano Jair Jurado Mora, dos días después de haber sido arrestado e imputado por "tentativa de robo".

En tanto, esta tarde Guichandut avaló la expulsión del colombiano dispuesta por la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), por lo que el organismo solicitará a la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal la "retención" de Jurado Mora para materializar la deportación a su país de origen.

El hecho ocurrió el 22 de enero último, cuando una joven de 18 años estaba en la avenida La Plata al 100, con su celular iPhone 7 en la mano, y Jurado Mora, a bordo de una moto, le arrebató el teléfono y huyó. Sin embargo, el colombiano fue perseguido por policías de la Ciudad y detenido.

Jurado Mora, que contaba con antecedentes penales en su país, fue liberado luego de que la jueza le impusiera la condición de no consumir drogas ni alcohol durante un año, presentarse todos los meses en el Área de Control y Dirección de Ejecución Penal, regularizar su situación en Migraciones y resarcir a la víctima del robo con 700 pesos.

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Por otra parte, Pichetto también se pronunció en contra de la "liberalización extrema de los requisitos para el ingreso de ciudadanos venezolanos".

"Si bien se trata de una cuestión humanitaria y hay que reconocer que durante la última dictadura militar que padecimos en nuestro país Venezuela acogió a muchos argentinos perseguidos, no podemos en la actualidad incurrir en el riesgo de que por una liberalización migratoria ingresen en nuestro país ciudadanos con antecedentes delictivos", advirtió.