Alerta oficial por la existencia de 6 mil panaderías truchas

El informe oficial ofrecido por altas autoridades del ministerio de Agroindustria bonaerense, en el sentido de que en el territorio bonaerense hay casi 6.800 panaderías truchas, tema sobre el cual los funcionarios, según dijeron, se encuentra trabajando para enfrentar el problema junto a una entidad que nuclea a panaderos, origina inquietud en la medida en que los alimentos que consume la población, cualquiera sea su naturaleza, deben contar con los controles bromatológicos y las correspondientes autorizaciones previas a su venta.

En este último sentido, la información oficial corroboró que en muchas de las panaderías que funcionan ilegalmente, en lugar de levadura utilizan otros compuestos químicos que pueden ser tóxicos.

Desde la mencionada cartera se indicó que la federación bonaerense de panaderos viene reclamando apoyo para combatir la ilegalidad, detallándose que existen en total 11.000 panaderías habilitadas por los municipios y, a su vez, casi 6.800 sin habilitar o truchas, creándose así, además, flagrantes casos de competencia desleal.

El problema se suma así al de los escasos controles existentes sobre la calidad de todos los alimentos que consume la población. Cabría recordar aquí que numerosas evidencias médicas reunidas en los últimos años vinieron advirtiendo sobre un debilitamiento ostensible de los controles bromatológicos que se realizan en nuestra zona y que, tal situación, es obvio señalarlo, se acentúa cuando los comercios de ventas de alimentos ni siquiera se encuentran registrados.

Desde luego que un panorama tan negativo se ve también agravado si se repara en la proliferación de puestos de venta informales de toda clase de alimentos –se puede hablar así de las ventas de choripán o de frutas y verduras con carritos instalados sin autorización alguna en veredas o paseos públicos- que se vino registrando en distintos lugares.

Está claro que es mucho lo que debe hacerse para ajustar los controles sanitarios sobre los comercios y los alimentos que consume la población, además de prohibir la producción y distribución ilegal.

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Si bien no se conocen estadísticas oficiales actualizadas, se calcula que en la Argentina ocurren unos dos millones de incidentes alimentarios por año, estimándose pocos años atrás que entre el 40 y el 50 por ciento de muchos productos alimentarios no pasaban por controles bromatológicos.

De allí que resulte imperioso un mayor contralor sanitario y, a la vez, velar para que se cumpla con la debida inscripción de todos los comercios dedicados a la venta de alimentos.