El uso de teléfonos celulares queda restringido desde hoy en todas las escuelas primarias de la Provincia de Buenos Aires. La medida entra en vigencia con el inicio del ciclo lectivo 2026 y alcanza a establecimientos de gestión estatal y privada en todo el territorio bonaerense.

Los alumnos podrán asistir con los celulares, pero deberán guardarlo y apagarlo en las clases. Esto difiere con otras normas similares de otros países del mundo en las que directamente se prohíbe el ingreso de dispositivos.

La regulación está contemplada en la Ley N° 15.534, sancionada el 18 de septiembre por la Legislatura provincial y publicada en el Boletín Oficial el 14 de octubre pasado. El proyecto fue impulsado por el senador Emmanuel González Santalla (Unión por la Patria) junto con la entonces senadora Lorena Mandagarán (GEN).

La norma establece que los alumnos del nivel primario solo podrán utilizar dispositivos digitales cuando exista un requerimiento o autorización expresa del docente con fines pedagógicos. Fuera de esas situaciones, los celulares deberán permanecer guardados y apagados durante toda la jornada escolar, incluidos los recreos.

Uso controlado vs. veto total

Desde este año, la Provincia de Buenos Aires implementó una regulación que permite que los alumnos concurran a la escuela con su teléfono celular siempre que el dispositivo permanezca guardado y apagado durante toda la jornada escolar, incluidos los recreos, y solo pueda utilizarse si un docente lo autoriza para una actividad pedagógica específica. Esta modalidad, que también se aplica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, busca equilibrar la necesidad de seguridad durante el traslado con la reducción de distracciones dentro del establecimiento y se enmarca en una tendencia de políticas que regulan más que prohíben el uso de tecnología en las aulas.

La regulación bonaerense contrasta con enfoques más estrictos en otras regiones del mundo, donde no solo se restringe el uso, sino que se limita el ingreso mismo de los celulares al edificio escolar o su acceso durante toda la jornada. En varios países europeos, como Francia, Italia y los Países Bajos, existen leyes que prohíben el uso dentro de las escuelas, y en algunos casos obligan a que los dispositivos se mantengan en casilleros o fuera del alcance de los alumnos desde el inicio hasta el final de la jornada. Francia fue pionera con una normativa vigente desde 2018 que prohíbe el uso de teléfonos hasta los 15 años en primaria y secundaria, mientras que otras jurisdicciones han adoptado disposiciones similares.

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En Estados Unidos, aunque no hay una política federal única, más de dos decenas de estados aprobaron normas “bell-to-bell” que exigen que los celulares permanezcan guardados desde que suena la campana de entrada hasta la de salida, sin acceso incluso en recreos, y en algunos distritos se implementan sistemas de fundas bloqueadoras o almacenamiento obligatorio al ingresar al edificio. Estas diferencias reflejan distintos enfoques en la disputa global sobre tecnología y educación: mientras en Buenos Aires se prioriza un control regulado con excepciones pedagógicas, otras experiencias internacionales optan por prohibiciones más rígidas destinadas a eliminar por completo cualquier posibilidad de distracción causada por los dispositivos personales.

Marco normativo y criterios

El texto legal fija como principio el “uso responsable” de pantallas en el ámbito escolar, limitado al cumplimiento de objetivos curriculares. En la práctica, implica la prohibición de su utilización libre dentro del establecimiento.

Los estudiantes podrán concurrir con el dispositivo por razones de seguridad vinculadas al traslado entre el hogar y la escuela, pero no podrán emplearlo dentro de la institución salvo indicación docente. La responsabilidad de la implementación recae en cada establecimiento, bajo supervisión de la autoridad de aplicación que designe el Poder Ejecutivo.

Desde el punto de vista pedagógico, los fundamentos del proyecto señalan la necesidad de reducir factores de distracción, fortalecer la atención en clase y promover la interacción presencial entre pares.
el debate legislativo

Durante el tratamiento parlamentario se citaron resultados del informe PISA 2024, que ubican a la Argentina como el país con mayor nivel de distracción en clase por uso de dispositivos entre los 80 sistemas educativos evaluados. Más de la mitad de los estudiantes de 15 años reconoció perder concentración por el uso de su propio celular o el de sus compañeros.

A nivel provincial, se indicó que el 54% de los alumnos admite distraerse durante la jornada escolar. Asimismo, los resultados del Operativo Aprender 2024 muestran que más de la mitad de los estudiantes se encuentra por debajo del nivel básico en Matemática.
Según los argumentos oficiales, la regulación busca incidir en variables como la atención sostenida, el desempeño académico y la convivencia escolar, además de reducir conflictos asociados al uso inadecuado de dispositivos, como situaciones de ciberacoso o acceso a plataformas de apuestas online.

Implementación y monitoreo

La ley prevé que el Poder Ejecutivo designe una autoridad de aplicación encargada de monitorear su implementación y articular acciones con la Dirección General de Cultura y Educación.

Desde ese organismo señalaron que la norma se integra a prácticas que ya se desarrollaban en numerosos establecimientos, donde el uso de celulares estaba limitado a actividades con planificación docente. Indicaron que continuará la formación en educación y ciudadanía digital, así como la construcción de acuerdos institucionales con participación de docentes y familias.

El seguimiento incluirá relevamientos sobre niveles de atención, desempeño académico, conflictividad escolar y situaciones de bullying iniciadas en el ámbito escolar.
Secundaria y antecedentes

En paralelo, la Cámara de Diputados bonaerense aprobó una ampliación de la regulación para el nivel secundario. El tratamiento definitivo aún no fue completado y el abordaje prevé criterios diferenciados según grupo etario.

La provincia se suma así a otras jurisdicciones que avanzaron con restricciones similares. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires implementó limitaciones en 2024 mediante la resolución ministerial N° 2075. Neuquén sancionó la Ley N° 3520 y Salta la Ley N° 8474, con alcances que incluyen distintos niveles educativos.

En el plano regional, Brasil adoptó en 2025 una prohibición nacional para clases y recreos en establecimientos públicos y privados; Chile dispuso una regulación con vigencia desde marzo de 2026; Bolivia mantiene restricciones desde 2017 y Perú avanzó en 2025. En Estados Unidos, diversos estados establecieron limitaciones y se desarrollaron experiencias de control mediante dispositivos de bloqueo físico.

Restricciones en el mundo 

Desde 2026, más de 25 estados de Estados Unidos implementaron leyes o decretos para restringir o prohibir el uso de celulares en escuelas públicas. Varios adoptaron esquemas “bell-to-bell”, que obligan a mantener los dispositivos guardados durante toda la jornada, con antecedentes en Florida y adhesiones posteriores como Nueva York, Nueva Jersey, Virginia y California, además de una amplia lista de otros estados.

La aplicación se realiza mediante fundas magnéticas que bloquean los teléfonos, exigencia de mantenerlos apagados en mochilas o casilleros, o estaciones de almacenamiento en las aulas. Las normas contemplan excepciones por razones de salud, uso pedagógico supervisado y situaciones vinculadas a planes 504 o IEP para estudiantes con discapacidades.

Por qué se prohibe

Varios países de Europa avanzaron con la prohibición o restricción del uso de celulares en escuelas para mejorar el rendimiento académico y proteger la salud mental de los estudiantes. Estudios en Bélgica, España y Reino Unido reportaron mejoras en la concentración y en las notas, mientras que en Noruega se registró una reducción de consultas psicológicas tras limitar su uso. También se observaron menos casos de bullying y mayor interacción presencial.

La UNESCO advirtió que incluso tener el teléfono cerca puede afectar el aprendizaje. Francia fue pionera con una ley vigente desde 2018 que prohíbe su uso hasta los 15 años; Países Bajos y Dinamarca implementaron restricciones recientes, y otros países como Italia, Finlandia, Grecia y regiones de España adoptaron medidas similares.

Restricciones globales al uso de redes sociales en menores

Diversos países han establecido marcos legales para limitar el acceso de menores a las redes sociales, fundamentados en la protección de la salud mental y la seguridad digital.

Australia lidera la tendencia con una ley vigente desde diciembre de 2025 que prohíbe el uso de estas plataformas a menores de 16 años, bajo pena de multas de hasta 33 millones de dólares para las empresas incumplidoras. Malasia proyecta una medida similar para 2026, mientras que España y Francia han avanzado en legislaciones que fijan el límite en los 16 y 15 años, respectivamente, incluyendo la prohibición de dispositivos móviles en centros educativos.

En Dinamarca, la regulación establece los 15 años como edad mínima, permitiendo el acceso a partir de los 13 solo con autorización parental. En Estados Unidos, la normativa varía por estado, enfocándose principalmente en la exigencia de consentimiento paterno para la apertura de cuentas.

La implementación técnica enfrenta desafíos como el uso de redes privadas virtuales (VPN) por parte de los adolescentes para eludir bloqueos. Mientras sectores en el

Reino Unido califican la situación como un problema de salud pública, en países como Chile, Kenia y Alemania persiste el debate sobre la primacía de la autonomía familiar y la viabilidad técnica de estas restricciones.

Seis de cada diez alumnos hacen la tarea con IA

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ChatGPT, su aplicación es mayoritariamente educativa, seguida por la búsqueda de información y el entretenimiento.

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No obstante, el estudio identifica riesgos como el aprendizaje superficial, la pérdida de pensamiento crítico y la deshonestidad académica. Los autores advierten sobre la dependencia tecnológica y los sesgos algorítmicos, concluyendo que la integración de la IA en el sistema educativo requiere marcos normativos, formación docente y criterios pedagógicos que prioricen la autonomía intelectual.