“Buscar la responsabilización y no el castigo por sí solo”

La jueza del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata y presidenta de la Red de Jueces Penales de la Provincia, María José Lescano, advierte que el debate sobre el nuevo régimen no puede centrarse únicamente en la edad de imputabilidad, sino en la capacidad real del sistema para dar respuestas acordes al paradigma de protección integral.

Según explica a este diario, la lógica de los institutos aún responde en sus prácticas al antiguo modelo del patronato, que buscaba separar a los niños de sus familias ante situaciones de vulnerabilidad.

“Cambió la ley, pero no la estructura institucional”, por esa razón en la Ciudad de La Plata todavía es donde se concentra la mayor cantidad de institutos penales, señala. En ese sentido, considera que cualquier reforma nacional será positiva sólo si contemplan recursos para adecuar los dispositivos al enfoque de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Lescano subraya que la ejecución de las medidas depende de las provincias y advierte que la ampliación de la imputabilidad podría incrementar la demanda de internación. Sin embargo, remarca que la apertura de una causa penal no debe traducirse automáticamente en encierro. “La responsabilidad penal juvenil debe buscar la responsabilización y no el castigo por sí solo”, sostiene, y recuerda que para delitos de menor gravedad el proyecto prevé medidas alternativas, con seguimiento institucional.

También destaca la importancia de intervenir tempranamente. “Que un hecho no se persiga penalmente no significa que no requiera un abordaje. Si no se atienden las primeras conductas problemáticas, la conflictividad puede escalar”, afirma. En los casos más graves, en cambio, considera justificado el encierro, con condiciones acordes a la edad y revisiones periódicas, conforme lo establece la legislación.

Para la magistrada, uno de los principales déficits del sistema es la falta de inversión. Señala que los institutos funcionan con sobrecarga, sin dispositivos suficientes de supervisión en territorio, sin pulseras electrónicas y con recursos humanos limitados. “Las leyes han sido muchas veces declarativas, pero sin presupuesto para crear espacios acordes al nuevo paradigma”, advierte, y plantea la necesidad de más dispositivos abiertos, segmentación por edad y delito, y equipos especializados que trabajen de manera articulada con otros efectores.

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Lescano también valora que el nuevo esquema contemple la derivación de casos vinculados a consumos problemáticos o salud mental fuera del ámbito penal, pero considera que debería ir acompañado de la reforma a la ley de salud mental. Remarca en este punto que una política eficaz debería articular el trabajo de Nación, con los de las provincias y municipios. “Si un joven recibe acompañamiento en un instituto pero vuelve a un barrio sin contención, y el proceso de reinserción social se pierde”, explica.

Desde la Red de Jueces Penales, anticipa además su postura crítica frente a la baja de la edad de imputabilidad. “El eje no debería ser subir o bajar la edad, sino construir respuestas integrales. El sistema penal, por sí solo, no resuelve problemas como la deserción escolar, el consumo o la exclusión”, cierra.