Denuncian que la Amnistía deja afuera a Nahuel Gallo

Organismos de derechos humanos y familiares de presos políticos denunciaron que la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional de Venezuela contiene un recorte arbitrario en las fechas que abarca, lo que dejaría excluidos a unos 400 detenidos, entre ellos el gendarme argentino Nahuel Gallo.

La norma fue sancionada este jueves, veinte días después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunciara su envío al Parlamento. Aunque en ese momento se informó que la amnistía comprendería el período entre 1999 y 2026, el texto finalmente aprobado solo contempla hechos ocurridos en 12 años específicos dentro de ese lapso.

Según los organismos, la selección de meses y períodos deja fuera 15 años completos del total anunciado. “Es una selección indebida y bastante arbitraria de momentos y de meses en específico”, sostuvo Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG Foro Penal, durante una conferencia de prensa en Caracas.

En ese mismo encuentro, Alfredo Romero, presidente de Foro Penal, afirmó que Nahuel Gallo “en ningún lado de la amnistía está incluido”.

El dirigente destacó además la presencia de la suegra del gendarme argentino entre los asistentes.

Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024. Sin embargo, el artículo 6 de la ley establece que para ese año solo serán amnistiados “los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos en el marco de las elecciones presidenciales de julio de 2024”, lo que dejaría fuera su situación.

LE PUEDE INTERESAR

El rebaño que hizo las compras en el súper

LE PUEDE INTERESAR

La medusa fantasma que habita el océano profundo

Romero calificó la amnistía como “un instrumento muy pequeño, con muchas restricciones”, aunque consideró que representa un avance parcial. No obstante, advirtió que no habrá reconciliación en el país “sin que como condición previa se liberen todos los presos políticos”.

Cifras y advertencias de los organismos

De acuerdo con datos de Foro Penal, en Venezuela hay más de 11.000 personas con medidas restrictivas de libertad que estuvieron encarceladas, y numerosos detenidos superan los 70 años, pese a que la legislación contempla medidas sustitutivas por razones humanitarias.

Las organizaciones también reclamaron el desmantelamiento del “sistema represivo” que dio origen a las detenciones y alertaron que el futuro de muchos posibles beneficiarios sigue “amenazado por la persecución política”, debido a la “excesiva discrecionalidad” en la aplicación de la norma.

Además, cuestionaron que sean los mismos jueces y fiscales que intervinieron en las causas quienes deban interpretar la ley y otorgar los beneficios, en lugar de designar magistrados ad hoc para ese fin. “Hasta que esto no cambie, vamos a tener todavía la amenaza de que incluso aquellos que van a ser amnistiados puedan ser nuevamente encarcelados”, insistió Romero.