El escándalo del Senado bonaerense: la Justicia pidió abrir celulares y computadoras de los detenidos

En los últimos días, la fiscal Betina Lacki solicitó al juez de Garantías Juan Pablo Masi autorización para peritar teléfonos celulares, computadoras, pendrives y una tablet secuestrados durante los allanamientos realizados en el marco de la causa. La medida fue avalada por el magistrado, y ahora la expectativa está puesta en el contenido de esos dispositivos.

Según fuentes judiciales, el análisis se centrará en correos electrónicos, mensajes, fotografías y videos, material que podría resultar determinante para acreditar los hechos investigados, reconstruir la dinámica de funcionamiento de la presunta red y delimitar responsabilidades individuales.

En paralelo, ambos imputados se negaron a declarar, haciendo uso de su derecho. No obstante, el expediente avanza más allá de los delitos sexuales que dieron origen a la investigación. La causa abrió un frente más amplio, vinculado a posibles responsabilidades por acción u omisión dentro de estructuras estatales.

La hipótesis judicial sostiene que la presunta red habría operado durante casi una década, con acceso a oficinas legislativas y vínculos políticos que habrían facilitado su permanencia y funcionamiento en el tiempo, un aspecto clave que ahora será analizado a partir del material digital incautado.

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De acuerdo a lo publicado por este diario, la causa investiga una presunta trama de abusos sexuales, algunos de ellos agravados por acceso carnal, que habría operado mediante vínculos de poder, manipulación psicológica y captación de víctimas dentro de un ámbito institucional sensible.

En ese contexto, los investigadores no descartan la existencia de más personas, como se dijo, tanto en el rol de autores como de partícipes secundarios.

La fiscalía sostiene que el análisis integral del material digital permitiría reconstruir comunicaciones, vínculos y maniobras de encubrimiento, aportando elementos objetivos para avanzar hacia el esclarecimiento total de los hechos.

Por ese motivo, el pedido de autorización apunta a garantizar que las pericias se realicen con aval judicial y resguardo de la cadena de custodia.

Mientras tanto, el caso continúa generando fuerte impacto político e institucional, y se aguarda la resolución del juez Masi para habilitar el examen técnico de los dispositivos, un paso considerado clave para el futuro del expediente.

Entre los datos aportados por voceros con acceso al caso, figura el de una profesional que supuestamente mantuvo un vínculo sentimental cercano con los detenidos y que sería familiar directo de una de las denunciantes. Esa es una de las personas de interés para los pesquisas.

También hablaron de un senador con mandato cumplido, quien actualmente desempeñaría funciones en una repartición oficial y que siendo legislador entabló una presunta relación con una de las víctimas, omitiendo su obligación de denunciar la posible existencia de un delito.

Con todo esto, se cree que los secretos mejores guardados del Senado provincial podrían estar a punto de develarse, sobre todo en cuanto a la real magnitud de la estructura y la identidad de sus eventuales integrantes.

“Es de sospechar que dentro del material secuestrado encontraremos mails, videos, fotos o indicaciones sobre aquellos que, por años, formaron parte de todo esto”, indicó un detective.