Caso de abusos en el Senado bonaerense: la ministra Estela Díaz dijo que conocía versiones sobre los acusados antes de asumir

La investigación judicial sobre Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, integrantes de la agrupación La Capitana procesados por presuntos abusos en el Senado provincial, señala que las acusaciones circulaban en ámbitos políticos años antes de la intervención judicial. El expediente analiza por qué los acusados mantuvieron actividad partidaria y cargos públicos durante una década pese a los señalamientos de las víctimas.

Estela Díaz, ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia, asumió la gestión en diciembre de 2019 con conocimiento de los señalamientos contra la pareja. Para ese momento, los implicados tenían denuncias registradas en 2014 y 2019 que no habían registrado movimientos en sede judicial, lo que derivó en que una de las denunciantes se trasladara a otra ciudad.

La fiscal Betina Lacki reactivó las causas tras la aparición de testimonios adicionales a mediados de 2025. Al ser consultada, Díaz confirmó que los datos llegaron a ella como versiones antes de su nombramiento, indicó Infobae. Pero argumentó que la falta de avances en las causas judiciales limitaba el margen de actuación estatal, dado que se trata de delitos de instancia privada donde se debe aguardar la decisión de la víctima mayor de edad.

El Ministerio de Mujeres intervino en octubre de 2024 tras el pedido de una empleada del Senado. La Dirección de Situaciones de Alto Riesgo recibió el testimonio de la mujer, a quien se le informó que la asistencia institucional, como la entrega de botones antipánico, requería la radicación de una denuncia penal previa. Este criterio de intervención es objeto de debate en organizaciones civiles que proponen la asistencia antes de la instancia judicial.

La denuncia formal se realizó a mediados de 2025. Sin embargo, Rodríguez y Silva Muñoz tenían una orden de restricción desde diciembre de 2024 por una causa previa. Roberto Feletti, secretario administrativo del Senado, los apartó de sus funciones en esa fecha, aunque los acusados continuaron percibiendo su salario hasta el mes de su detención.

En cuanto a la actividad política, existen registros de la participación de La Capitana en la inauguración de una unidad básica del Movimiento Derecho al Futuro en agosto de 2025, espacio vinculado a la ministra Díaz. Si bien la funcionaria negó una relación de trabajo conjunta y afirmó haber rechazado actos compartidos, se identificaron imágenes de los acusados con ella y otros dirigentes en eventos públicos entre 2020 y 2025.

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Durante 2025, los procesados asistieron a actos oficiales en La Plata como la vigilia del 2 de abril y la movilización por la Noche de los Lápices. En estos encuentros, coincidieron con las víctimas pese a las medidas de alejamiento vigentes, lo que requirió la presencia de efectivos policiales para retirarlos del lugar.

El expediente incluye el rol de Melina Gaudino, quien se presentaba como abogada sin poseer el título. Según el testimonio de Claudio Yacoy, Gaudino informaba a las víctimas sobre gestiones legales inexistentes para evitar que el proceso judicial avanzara. Gaudino ocupó cargos en el Ministerio de Seguridad hasta 2023, en la Municipalidad de La Plata durante 2024 y en la Unidad de Género de la UTN en 2025. En todas estas instancias, fue contratada bajo la presunción de ser profesional del derecho, hasta que sus cesantías confirmaron la falta de acreditación académica.