Caso AFA: citarán a empleados de una quinta en Pilar como testigos por presuntos testaferros

La Justicia avanzó en la investigación por la presunta utilización de testaferros en la compra de una quinta ubicada en Villa Rosa, Pilar, valuada en 17 millones de dólares, en una causa que involucra a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky dispuso que desde la próxima semana se defina un cronograma de citaciones testimoniales para empleados del predio, que figura a nombre de la sociedad Real Central SRL, integrada por Luciano Pantano y su madre, Ana Conte.

Además, el magistrado convocó para el 2 de febrero al empresario Guillermo Tofoni, quien declaró como denunciante en Estados Unidos y deberá aportar documentación en el marco de un procedimiento de apertura de información (“discovery”). La citación fue solicitada por el fiscal Claudio Navas Rial.

Según se informó, el juzgado recibió una nómina oficial de trabajadores vinculados a la quinta y avanzó en la planificación de las declaraciones. También se prevé citar a dos pilotos de helicóptero que habrían realizado viajes frecuentes al lugar, con el objetivo de determinar a quiénes transportaban.

En la causa se incorporaron informes que indican que una tarjeta corporativa de la AFA, a nombre de Pantano, fue utilizada para pagar servicios de electricidad de distintos domicilios que no estarían vinculados a la actividad de la entidad deportiva. A su vez, se detectó que los Telepases de 54 vehículos de alta gama secuestrados en el predio también eran abonados con ese mismo medio de pago, por lo que el juez ordenó suspender preventivamente los débitos.

La decisión de avanzar con las medidas durante enero fue respaldada por la Cámara Nacional en lo Penal Económico, que habilitó la feria judicial y rechazó un planteo de la defensa de los imputados para frenar la investigación.

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Pantano y Conte permanecían imputados como supuestos testaferros, ya que su situación económica no sería compatible con los bienes registrados a nombre de la sociedad. Ambos tenían prohibición de salida del país, inhibición general de bienes y congelamiento de cuentas, medidas dispuestas en diciembre.

La investigación apuntó a una presunta administración fraudulenta en perjuicio de la AFA, que habría sido el delito precedente de un posterior lavado de dinero mediante la adquisición de propiedades y otros bienes.