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Un informe confirma que la expresidenta puede utilizar sin problemas ese dispositivo. Lo que indican los especialistas
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Un reciente informe elaborado por un grupo de especialistas del Equipo Interdisciplinario de Ejecución Penal, que controla la ejecución de la condena de Cristina Kirchner, reafirmó que no existen impedimentos médicos para el uso de la tobillera electrónica. La ex presidenta, quien cumple su condena por corrupción en su residencia de San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat, ha sido objeto de un examen físico en el que se determinó que no presenta obstáculos de salud que impidan el uso del dispositivo.
El informe, que fue presentado a la Cámara Federal de Casación Penal, destaca que, tras un examen físico de los miembros inferiores de la exmandataria, se concluyó que no hay razones médicas para suspender la medida que fue dispuesta por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2). Este informe no es vinculante, pero será tomado en cuenta por los jueces que deben decidir sobre el futuro de la tobillera electrónica y el régimen de visitas en su domicilio.
A pesar de la recomendación del informe, el abogado de Cristina Kirchner, Alberto Beraldi, ha reiterado su pedido para que se retire la tobillera electrónica. Según su interpretación, la medida es innecesaria, pues el dispositivo no impide una fuga, sino que simplemente monitorea si la expresidenta sale del perímetro establecido para su arresto domiciliario.
Beraldi subraya que, dada la custodia permanente que tiene Cristina Kirchner, el riesgo de fuga es inexistente. Además, recordó que la exmandataria siempre estuvo a derecho y que su presencia en la vía pública sería fácilmente detectada debido al alto nivel de reconocimiento que posee.
La defensa también cuestionó la imposición del régimen de visitas, el cual establece que los familiares, abogados, médicos y custodios pueden visitarla sin autorización previa, mientras que cualquier otra persona debe obtener permiso judicial. Beraldi considera que no existe una normativa que justifique tal restricción, por lo que solicitó que se anulen estas medidas.
Por otro lado, el fiscal general de Casación, Mario Villar, se opuso a la petición de la defensa y defendió la permanencia de la tobillera electrónica, argumentando que la medida está respaldada por la ley 24.660, que regula los arrestos domiciliarios. Según Villar, el uso de la tobillera como mecanismo de control es “jurídicamente proporcional y ponderado”, ya que es una alteración mínima a la privacidad de la condenada, pero necesaria para garantizar el cumplimiento de la pena.
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El fiscal también destacó que, según la normativa, la tobillera solo puede ser retirada si existe un informe favorable de los órganos de control y del equipo interdisciplinario. Como ese informe aún no ha sido emitido, Villar considera que la medida debe mantenerse. “La decisión de colocarle la tobillera electrónica a Cristina Kirchner es el resultado del control judicial aplicado a su condena”, afirmó el fiscal, quien recordó que las consecuencias legales de la condena fueron previsibles y que la ex presidenta optó por desoírlas.
Además de la cuestión de la tobillera, la Cámara de Casación debe decidir si Cristina continuará cumpliendo su arresto domiciliario en su actual residencia o si será trasladada a otro domicilio.
El fiscal Villar argumentó que el lugar actual de detención de la expresidenta en San José 1111 representa “un riesgo” tanto para ella como para los vecinos, debido a los incidentes ocurridos en el pasado, como el intento de homicidio que sufrió en 2022.
A su vez, el fiscal aseguró que la ubicación del domicilio genera complicaciones para la seguridad pública, como lo revela un informe de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. En este sentido, Villar solicitó que se busque un domicilio alternativo más seguro, tanto para la expresidenta como para la comunidad.
Sin embargo, la defensa de Cristina rechazó el pedido de cambio de domicilio, argumentando que no existen objeciones sobre el lugar actual. Además, la defensa recordó que el traslado de domicilio afectaría la proximidad con sus familiares, quienes la visitan diariamente.
La Sala IV de la Cámara de Casación, compuesta por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, será la encargada de tomar la decisión sobre estos temas. La resolución está pendiente y podría conocerse en los próximos días, lo que generará gran expectativa, ya que determinará el futuro del arresto domiciliario de Cristina Kirchner, el uso de la tobillera electrónica y el lugar donde continuará cumpliendo su condena.
Cristina fue condenada a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta en el caso conocido como “Vialidad”, en el que se investigó el desvío de fondos públicos para la obra pública en Santa Cruz. La sentencia de la ex presidenta es parte de una serie de condenas relacionadas con la corrupción durante su mandato.
Aún queda pendiente la determinación de la cifra exacta del daño ocasionado, que ha sido estimado en 86.000 millones de pesos, y el decomiso de los bienes correspondientes. La Cámara de Casación debe resolver tanto la cuestión de la tobillera como otros aspectos relacionados con el cumplimiento de la pena.
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