Es ley el aumento a los jubilados y la moratoria previsional

 El Senado convirtió hoy en ley el proyecto que aumenta los haberes jubilatorios en un 7,2 por ciento y eleva bono de 70.000 pesos a 110.000, además del proyecto que extiende de la moratoria previsional, con lo que aplicó un duro golpe al gobierno del presidente Javier Milei, quien ya había advertido que vetaría esas iniciativas por atentar contra el equilibrio fiscal.

La iniciativa que incrementa las jubilaciones y el bono fue sancionada por 52 votos y 4 abstenciones; los votos fueron aportados por peronistas, radicales y partidos provinciales, con lo que se superaron los dos tercios de los sufragios.

Del mismo modo, la moratoria resultó aprobado por 39 votos afirmativos, 14 negativos y una abstención.

Antes de la votación, La Libertad Avanza (LLA), el grueso del PRO y otros representantes de partidos provinciales decidieron ausentarse: los libertarios no reconocen la sesión y sostienen que la judicializarán.

La sesión inició pasadas las 14:15, luego de que la oposición lograra reunir el quórum aportado por los 34 senadores del interbloque peronista, a los que se sumaron el presidente del bloque de la UCR, Eduardo Vischi, y sus pares de bancada Martín Lousteau, Favio Fama, Pablo Blanco y Maximiliano Abad.

También lo hicieron el jefe de la bancada Las Provincias Unidas, Carlos “Camau” Espínola; la cordobesa Alejandra Vigo y la rionegrina Mónica Silva; se sumaron los santacruceños que responden al mandatario Claudio Vidal, Natalia Gadano y José Carambia.

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Además asistió la senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri, una dirigente muy cercana a Horacio Rodríguez Larreta.

Después de una hora y media de discusión para imponer el temario, primó la iniciativa del peronista José Mayans que también impuso con mayoría su criterio de considerar válidos los despachos -objetados por los libertarios-, por lo que de esa manera se inició el debate por los proyectos aprobados.

El primero en tomar la palabra fue el senador peronista Mariano Recalde, que defendió proyecto aprobado por Diputados, aunque reconoció que esa mejora “es mínima” ya que alcanza a “cubrir solo” para pequeños gastos, aunque destacó que ese incremento está solventado con las propuestas de financiamiento que se han incluido en esa iniciativa.

“El proyecto cuenta con fuente de financiamiento propia que permitiría llevar un pequeño alivio a los jubilados y responder fiscalmente a esta necesidad. También se plantea el redireccionamiento de las partidas que el Poder Ejecutivo asignó para la SIDE”, agregó Recalde.

A su turno, la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero expresó su rechazo al proyecto aprobado en la Cámara de Diputados y dijo que se deben estudiar otras propuestas si se quiere ayudar a los jubilados, como la situación del empleo, para tratar el problema del trabajo sin registrar.

Señaló que le “preocupan los jubilados y si de verdad queremos ayudarlos debemos tomar el toro por la astas y resolver entonces el problema de diez millones de trabajadores argentinos que están en la informalidad y no aportan”.

Por su parte, Tagliaferri se lamentó que el año pasado un grupo de diputados hayan avalado el veto Milei y sostuvo: “La casta para el Gobierno son los jubilados. Por mas que digan desde el relato cosas distintas”, aunque votó contra la moratoria previsional.

A su vez, la senadora Silva indicó que “es muy importante que hoy logremos la aprobación de esta ley y apelemos a la sensibilidad del Gobierno para que sea aplicable”.

El Senado sancionó la emergencia en Discapacidad

El Senado convirtió hoy en ley el proyecto que declara la emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026 a fin de garantizar la actualización de las prestaciones.

La iniciativa fue aprobada por 56 votos que fueron aportados por los senadores peronistas, radicales, provinciales y los legisladores del PRO Guadalupe Tagliaferri y Luis Juez.

El grueso de los legisladores del PRO, La Libertad Avanza (LLA) y algunos de bloques provinciales decidieron no asistir a la sesión debido a que consideraron que la convocatoria a esa reunión del pleno del cuerpo era inválida, razón por la que fue conducida por la senadora peronista Silvia Sapag.

El proyecto recompone las prestaciones arancelarias desde el 1 de diciembre de 2023 conforme a la inflación acumulada en el período y actualiza el nomenclador para la indexación mensual automática de las pensiones no contributivas de acuerdo al IPC.

En el texto, el monto de las pensiones por discapacidad se mantiene en un valor del 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio.

La iniciativa fija que se deberá otorgar una pensión inembargable a toda persona sin suficientes recursos propios, no amparada por un régimen de previsión, de 70 o más años de edad o con discapacidad que cuente con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

En ese contexto, se autoriza a la jefatura de Gabinete a realizar las  ampliaciones y modificaciones presupuestarias tendientes a asegurar el financiamiento de las medidas de protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad y de los prestadores a su favor dispuestas en la presente ley.

En el debate, el senador de Convicción Federal Fernando Salino defendió el proyecto sancionado en Diputados y destacó que “tenemos que actualizar el CUD, el trámite es hoy toda una complicación y este proyecto de ley propone una metodología en este sentido”.

Señaló que “el nomenclador con el que se les paga (a los prestadores) no se actualiza desde diciembre de 2024 y el aumento en ese momento fue del 0,5% “.

El senador del PRO Luis Juez sostuvoque la ley de emergencia en Discapacidad  implica dar “mínimamente a un sector invisibilizado de la sociedad un acompañamiento”, y dijo que decidió hacer un discurso porque “alguien tiene que hablar y contar lo que ellos no pueden decir”.

“Los hijos con discapacidad son invisibles para la sociedad, que parece observar sin realmente ver. Existe un problema en la atención y el cuidado que reciben, señalando la necesidad de prestarles verdadera atención y apoyo”, destacó.

Juez, cuya hija Milagros tiene parálisis cerebral, señaló que hace “25 años” que vive con una persona con discapacidad y relató las serias dificultades para acceder a los tratamientos, aun con una prepaga.

Por su parte, la senadora del PJ Stefania Cora señaló que “en la comisión pudimos construir la certeza de que este expediente es una urgencia y el Estado está en deuda con las personas con discapacidad, entendemos que es necesario que hoy se apruebe. Esta ley pone requisitos claros y exige auditorias”, ponderó.

Rechazo al veto de Milei a la ley de asistencia de Bahía Blanca

El Senado rechazó hoy el veto presidencial a la declaración de emergencia en Bahía Blanca, un poyecto que dispone la creación de un fondo especial para asistir a esa localidad de la provincia de Buenos Aires que fue afectada por graves inundaciones en marzo pasado.

Los bloques opositores consiguieron 51 votos en contra del veto a esa iniciativa del presidente Javier Milei, pero  para que quede firme esa decisión  se deberán conseguir los dos tercios en la Cámara de Diputados para ratificar la ley sancionada en el Congreso.

La norma propone la creación de un fondo especial de 200 mil millones de pesos para reconstruir esa ciudad, que atravesó graves inundaciones en marzo pasado

La iniciativa fue defendida en el recinto por sus autores, los bonaerenses peronistas Juliana Di Tullio y Eduardo ‘Wado’ de Pedro, y el radical Maximiliano Abad.

Di Tullio planteó en el recinto de sesiones que Milei “miente cuando hace el mensaje vetando esta ley”, al hacer referencias a los argumentos del Gobierno para rechazar el veto, que había sido anunciado el 24 de junio en el Boletín Oficial.

Para Di Tullio, el Gobierno “miente” al consignar que había girado en abril los fondos para asistir a esa localidad.

Por su parte, el radical Maximiliano Abad sostuvo que “no hay nada que moleste más, en mi vida privada y política, que los conflictos innecesarios que son como errores no forzados”.

El fondo especial se destinará a otorgar subsidios y créditos para la reconstrucción de la estructura edilicia pública del Estado nacional, provincial y municipal afectada, además de para la construcción y reparación de viviendas de la población afectada.

También se podrá utilizar para la reconstrucción y reparación que permita la normalización de los servicios públicos, y para la refuncionalización de actividades.