La causa de las fotomultas: citan a declarar a empleados del Ministerio de Transporte

El fiscal Álvaro Garganta convocó a nueve trabajadores del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires a prestar declaración testimonial en el marco de la investigación por presuntas maniobras irregulares vinculadas al sistema de fotomultas y a la concesión de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Las audiencias comenzarán el 2 de julio, antes del inicio de la feria judicial.

El objetivo de los interrogatorios es esclarecer el funcionamiento interno del Ministerio durante la gestión del exministro Jorge D’Onofrio, actualmente imputado junto a otras 15 personas por delitos como fraude a la administración pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.

Entre los puntos que la Justicia busca dilucidar se encuentra el papel que habría tenido en la estructura Claudia Pombo, concejal del municipio de Pilar y una de las personas más cercanas a D’Onofrio, quien no tenía un cargo formal en la cartera, pero habría influido en decisiones clave.

Los testigos deberán responder específicamente si Pombo cumplía funciones operativas en el Ministerio y cuál era su rol dentro del esquema investigado.

Además del exministro, están implicados altos exfuncionarios como Pablo Javier Sanguinetti (exdirector de Seguridad Vial), Tomás Uthurriague (exdirector de Informática) y Sebastián Desio, titular de la empresa “Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A.”, proveedora de servicios en el área de tránsito.

La causa también involucra a Mario Quattrocchi, exjuez de faltas de La Plata, quien mantendría una estrecha relación con Pombo. Ambos habrían viajado en reiteradas ocasiones al exterior y estarían vinculados a emprendimientos gastronómicos en Málaga, España.

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La presión judicial también alcanzó a Marcelo Peralta, exjuez de faltas en Mar del Plata, recientemente apartado de su cargo por las nuevas autoridades ministeriales.

Por su parte, Pombo renunció a la presidencia del Concejo Deliberante de Pilar en medio del escándalo y, según trascendidos, estaría evaluando colaborar con la Justicia como arrepentida.

Según la acusación del fiscal Garganta, el esquema ilegal consistía en un sistema paralelo de gestión de multas, mediante el cual se ofrecían descuentos irregulares del 50% a los infractores a través de intermediarios no autorizados.