Reforma laboral: advierten que el proyecto oficial podría afectar la seguridad social

El proyecto de Ley de Modernización Laboral enviado por el gobierno del presidente Javier Milei al Congreso de la Nación abrió un fuerte debate no solo en el plano laboral, sino también en el sistema de seguridad social. Especialistas advierten que algunas de las modificaciones propuestas podrían generar un impacto directo en el financiamiento de jubilaciones, pensiones y prestaciones de salud.

La iniciativa propone cambios sobre la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, una norma con más de 50 años de vigencia. Al respecto, el abogado y especialista en Seguridad Social Juan Carlos Juárez señaló que se trata de una legislación concebida en otro contexto histórico: “Es una norma dictada en los tiempos de la teoría del pleno empleo y de fuerza industrial potente; hoy estamos en un mundo de automatización, digitalización e inteligencia artificial”.

Reformas laborales y antecedentes internacionales

Juárez recordó que las reformas laborales han sido discutidas en los últimos años tanto en América Latina como en Europa, a partir de los cambios en los procesos productivos y el crecimiento del trabajo en plataformas. Sin embargo, remarcó que en esos casos las modificaciones se realizaron “siempre sosteniendo calidad de derechos para los trabajadores y adecuación en términos de reducción de horas de trabajo”.

Como ejemplos, mencionó que “Chile y México están empeñados en llegar a 40 horas semanales de trabajo en promedio”, mientras que en Europa “los promedios son de 36 horas con una banda máxima de 40 y una mínima de 32 horas”. En el caso chileno, destacó además que “a partir de agosto de 2025 se comenzó a aplicar un sistema nuevo de pensiones, con un cambio central que es el aumento progresivo de las contribuciones patronales, acordado entre sectores políticos, empresarios y gremios”.

Límites constitucionales y judicialización

LE PUEDE INTERESAR

El Concejo Deliberante aprobó la licencia de Alak

LE PUEDE INTERESAR

La Justicia frenó el decreto que suspendió la ley de financiamiento universitario

En relación al marco legal argentino, el especialista advirtió que cualquier reforma debe respetar la Constitución Nacional. “Se deben tener en cuenta las cláusulas pétreas del artículo 14 bis y lo previsto en el artículo 75 inciso 22 sobre los pactos internacionales con jerarquía constitucional”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que “cualquier reducción en términos de derechos laborales para los trabajadores será cuestionada en la Justicia” y recordó que, en el caso de la Ley Bases, “se declaró la inconstitucionalidad en algunos aspectos”.

El impacto en el sistema previsional

Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es su impacto en la seguridad social. Juárez explicó que “las modificaciones en materia laboral suelen tener impacto en los sistemas jubilatorios”, especialmente cuando afectan regímenes especiales, aportes y contribuciones.

En particular, cuestionó el artículo 58, que crea el Fondo de Asistencia Laboral para asistir a los empleadores en el pago de indemnizaciones por despido, en combinación con el artículo 60, que “dispone reducir en 3 puntos los aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino”. Según advirtió, esta medida tendría “impacto directo sobre la financiación para el pago de jubilaciones y pensiones”.

El especialista señaló que el sistema previsional ya enfrenta serias dificultades: “Hay casi un 50% de trabajadores no registrados que no tienen aportes y contribuciones”, a lo que se suma “más del 43% de economía en negro de actividades que no tributan y son evasores fiscales”.

Actualmente, explicó, el sistema se financia “en un 55% con aportes de los trabajadores y contribuciones patronales y en un 45% con recursos fiscales”. En ese contexto, advirtió que “la quita de una parte del ingreso a la seguridad social, que no significa reducción del ‘costo laboral’, pone al sistema en una situación de mayor fragilidad”.

Pérdidas millonarias y efectos colaterales

Según estimaciones citadas por Juárez, la pérdida de recursos para la seguridad social podría oscilar “entre 3.500 y 4.300 millones de dólares, dependiendo del nivel de recaudación”, fondos que serían destinados al pago de despidos.

También alertó sobre el impacto en el sistema de salud: “Hay una reducción del 1% en aportes para obras sociales que significa una pérdida de ingresos del orden de 1.400 millones de dólares”, lo que afectaría, entre otros organismos, al PAMI, que ya presenta dificultades en algunas prestaciones.

A esto se suma el alto nivel de litigiosidad previsional. “Hay casi 100.000 sentencias judiciales firmes que están esperando ser pagadas por ANSeS y alrededor de 400.000 juicios en proceso”, indicó, y agregó que “más del 60% de la cartera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación corresponde a causas previsionales y de seguridad social”.

Un escenario de alerta

Finalmente, Juárez advirtió que “la quita de estos ingresos puede significar un golpe muy severo a la capacidad de administrar el pago de jubilaciones y pensiones, si rápidamente no se compensa esa detracción de fondos”.

El debate sobre la reforma laboral continúa en el Congreso, mientras crece la preocupación por sus posibles consecuencias sobre el sistema de seguridad social y el futuro de jubilados y pensionados.