Provincia: la Cámpora avanza con el polémico proyecto que sube las indemnizaciones por despidos

El polémico proyecto motorizado por La Cámpora que aumenta las indemnizaciones en caso de despidos, dio un primer paso en el Senado donde consiguió despacho favorable en la comisión de Trabajo.

n medio de un escenario que asoma desfavorable para que esa iniciativa se termine aprobando en el recinto por el cerrado rechazo de los bloques opositores, de todos modos Unión por la Patria decidió apretar el acelerador en busca de que la iniciativa empujada por la diputada camporista Maite Alvado ya aprobada en la Cámara baja, se transforme en ley.

l debate sobre el tema se reinició luego de que diversas entidades empresarias y Pymes de la Provincia expresaran su rechazo por considerar que esa reforma multiplicará por 7 los montos indemnizatorios y generará, afirman, que muchas Pymes vayan a la quiebra. “Representamos a más de 50.000 Pymes de la Provincia, somos uno de los motores productivos más importantes que genera muchísimas fuentes de trabajo genuino”, dijeron en un encuentro de hace poco más de un mes en el Senado convocado por la oposición. Y agregaron que la normativa en debate “nos asfixia y atenta contra cualquier posibilidad de generar nuevos empleos”. 

El proyecto que presentó la camporista Maite Alvado junto a la diputada de extracción sindical Soledad Alonso modifica el artículo 48 de la Ley 11.653 de procedimiento laboral y sustituye en los juicios laborales la tasa pasiva que se aplica para calcular los intereses al monto indemnizatorio por la del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y agrega un carga del 6%. 

La oposición, que reúne 25 senadores, se comprometió ante los sectores empresarios a rechazar el proyecto. El oficialismo cuenta con 21 representantes propios con lo que a priori no tiene chances de transformarlo en ley. Sin embargo, cuando el tema parecía prácticamente sepultado, fue reactivado desde la comisión de Trabajo donde ayer logró despacho favorable con los votosde la presidenta de esa comisión, María Rosa Martínez, y sus pares Sabrina Bastida, Federico Fagioli, Pedro Borgini y Pablo Obeid.

Martínez defendió la reforma y dijo que cuenta con el respaldo del ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, y de distintas organizaciones sindicales. “Viene a reparar una injusticia”, dijo y señaló que tendrá un impacto “muy bajo” porque solo el 30 por ciento de los juicios laborales corresponden a despidos.
 
La oposición, por su parte, volvió a cuestionar el proyecto a través de los senadores Ariel Bordaisco (UCR + Cambio Federal) y Christian Gribaudo (PRO), quienes firmaron un dictamen de rechazo en minoría. Ese despacho también fue firmado por los legisladores Juan Manuel Rico Zini y Eugenia Gil.

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“¿Qué PYME sobreviviría a semejantes juicios? ¿Qué empresa se animaría a contratar a alguien sabiendo el costo de indemnizarlo? ¿Cómo se espera que se reactive la economía sin la recuperación del empleo formal privado? Una vez más, yendo contra la corriente y escudándose cínicamente en los derechos de los trabajadores, los sectores que se resisten a los cambios en el sistema laboral que buscan generar mayor empleo golpean nuevamente al empleador, demonizándolo y exigiéndole cifras desorbitantes alegando que así protegen a los trabajadores”, sostiene el dictamen de rechazo de la oposición.

Ahora el proyecto deberá pasar por las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales donde Unión por la Patria también cuenta con mayoría.

Pero el cuello de botella para el intento oficial de aprobar la ley está en el recinto del Senado. Si tota la oposición mantiene la posición de rechazar el proyecto, el peronismo no tendrá número para aprobarlo. Para ello deberán coincidir el PRO, UCR-Cambio Federal, La Libertad Avanza oficial, la Libertad Avanza disidente, PRO-Libertad y el de Buenos Aires Libre.

En principio, ese es el compromiso que asumieron ante sectores empresarios. 

Hay otro aspecto político que siembra dudas. No todo el oficialismo, en principio, estaría de acuerdo con esta iniciativa. De hecho, en la Gobernación se desentienden del tema y aseguran que se trata de una iniciativa de un grupo de diputados.