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Leandro Gabin
eleconomista.com.ar
El Gobierno se juega todo por el todo a sepultar la inflación a partir del mes próximo. Funcionarios del Ministerio de Economía que comanda Luis Caputo están pidiendo a los supermercados que supervisen si la reducción del impuesto PAIS a partir de septiembre se traslada a precios con una “deflación”.
El pedido es explícito y el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, no quiere que esa baja del impuesto se lo queden los empresarios como mayores márgenes de utilidad. Están hablando con la COPAL, supermercadistas, fabricantes y distintos formadores de precios. Esto no es nuevo y Caputo lo hizo ya tres veces en su intento para pedir que el sector empresario “tire para su lado” y ayuden a bajar el costo de la canasta básica, clave para la inflación núcleo.
El elenco oficial quiere que a partir de septiembre la “core” se caiga bruscamente y aliente el relato presidencial de que la inflación, quitando el piso que genera el crawling del 2%, es virtualmente cero.
Por un lado, el Gobierno se lanza a que esta reducción de 10 puntos del impuesto PAIS (y la supuesta eliminación total a fin de año) fuerce la caída de los precios. Abaratando las importaciones es el camino elegido por el tándem Caputo-Milei para lograrlo.
“Ellos (por el Gobierno) quieren asegurarse que esa baja del impuesto no nos la llevemos nosotros. El tema es que hay varios bienes en los cuales, por la recesión, hay mucho descuento y promoción que nos hace vender casi al costo. Ahí no hay margen. No siempre hay margen para bajar precios”, decía un empresario.
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Según el consultor Fernando Marull, el impacto en el IPC de la baja del impuesto PAIS es del 0,7% en la inflación mayorista. “En septiembre, con la baja del Impuesto PAIS de 10 puntos (que implica una baja de 0,7 puntos en la inflación mayorista, estimamos que la inflación caiga al 3% mensual, significativo pero lejos del 1% que preveía el Gobierno, o siquiera el 2% de crawling”, acota el director de FMyA.
Sea como fuere, el Gobierno decidió nuevamente que la prioridad es desacelerar lo más rápido posible una inflación que, según mediciones privadas de alta frecuencia y como reconoció Caputo, en agosto “va a estar cercana a la de julio”.
De hecho en la última presentación del VP del BCRA, Vladimir Werning, ante US-Argentina Business Council, se excluyó la estimación de la entidad sobre el IPC de agosto (que tienen) para solamente publicar las del REM. La vez pasada Werning se había jugado a pronosticar 3,8% para julio cuando finalmente dio 4%.
La otra cara de la apuesta para someter a la inflación es la pérdida de reservas. El Central compró US$ 617 millones en el spot durante agosto, a contramano de la estacionalidad en años de cepo, gracias a una menguante demanda privada. “En las próximas semanas sabremos si la dinámica reciente del spot refleja que los importadores han diferido su acceso al MULC para luego de la baja del impuesto”, dice la consultora 1816.
Y acotan que los precios mayoristas deberían ceder en septiembre, pero la magnitud del traslado de una apreciación del tipo de cambio importador de 8,5% a precios al consumidor es incierta, dado que no hay antecedentes históricos (hay una primera vez para todo), y determinará el éxito de la medida.
Para adelante, el saldo de la baja del impuesto PAIS es desfavorable para las arcas del BCRA porque fogonea una mayor importación. Marull cree que habrá US$ 1.500 millones más de importaciones en los próximos meses por la baja del impuesto. Y el Gobierno admite que el pago de importaciones crecerá notablemente porque se suman las importaciones que se vienen regularizando del pasado y las importaciones plenas que surjan por la baja de impuestos de ahora.
Un informe de la IAE Business School se mete también en el tema. Dice que la mayor ventaja de este cambio que impulsa el Gobierno sería “una reducción de precios que debería impactar en el IPIM y el IPC del mes de septiembre, si la reducción del impuesto se aplica a principios del mes, con algún rezago también en octubre”.
“Cabe destacar que no se trataría de una reducción de la inflación, es decir del ritmo de aumento sostenido y generalizado de los precios, sino de una reducción por única vez de ciertos precios específicos”, acota. En cambio, para la IAE, las desventajas de esta acción (caída en la recaudación, reducción de la “competitividad” de los productos nacionales y presión sobre las reservas) se mantendrían en el tiempo.
Las estimaciones del mercado, excepto el “gallego a contramano” como se autodefinió Ricardo Arriazu, es que el BCRA seguirá perdiendo dólares de acá a fin de año y que las reservas netas (actualmente negativas en US$ 4-5 mil millones), pueden duplicar el rojo. Para el economista preferido de Milei, el Central va a sumar US$ 6.000 millones hasta finales del 2024. Es el único que “ve que cierra” el esquema oficial.
Pero el resto ve que el Gobierno sigue sacrificando reservas para llegar a que la inflación vaya a cero o lo más cerca posible. En la City calculan que en los próximos meses las importaciones podrían llegar a demandar US$ 7.000 millones mensuales. En el Gobierno dicen que esos números están inflados y que no será para tanto. “Es una locura eso, no se va a dar”, prometen.
Saliendo del corto plazo en donde está inevitablemente la Argentina, en el BCRA creen que el futuro es de una holgura notable de los dólares. Al complejo agroexportador se le sumarían otros sectores con potencial de expansión. Werning cree que el saldo energético puede ser superavitario en US$ 30.000 millones en 2030. El BCRA publicitó las promesas de inversión recientes de empresas como Sidersa, Posco, Genneia y Aluar por un total de casi US$ 3.000 millones en las últimas presentaciones donde buscan convencer al sector privado de que el futuro está casi asegurado . Quizá sea así. Hace falta un puente hacia esa “tierra prometida” que podría llegar a ser la Argentina.
El gran tema es cómo llegar.
“El Gobierno decidió nuevamente que la prioridad es desacelerar lo más rápido posible la inflación”
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