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Así lo informó el vocero presidencial Manuel Adorni. Afirman que tiene una planta "sobredimensionada" y "una estructura jerárquica elevada no acorde a sus funciones"
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El Gobierno anunció este miércoles la privatización de Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima.
Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en declaraciones a la prensa, mientras que desde la Oficina del Presidente que los 7.600 kilómetros "de vías que ahora serán concesionadas a privados, manteniendo rieles y tierras como propiedad del Estado Nacional". El proceso de privatización estará encabezado por Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dependiente del ministerio de Economía de la Nación.
"En manos estatales, Belgrano Cargas es obscenamente deficitaria y posee una planta sobredimensionada de 4.429 personas, además de una estructura jerárquica elevada no acorde a sus funciones", señala el comunicado difundido por redes sociales, en el que agrega que "sólo el año pasado, el Estado Nacional, es decir, todos los pagadores de impuestos de la Argentina, debieron aportar 112 millones de dólares para su subsistencia".
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 23, 2024
Además señala que "en los últimos 50 años se sextuplicó la producción agropecuaria nacional, sin embargo, bajo control estatal, Belgrano Cargas transporta hace 15 años la misma cantidad de toneladas", y que "su privatización tiene por objetivo eficientizar la competitividad del transporte ferroviario de cargas, promover la inversión en el sector e introducir la lógica de mercado al sector ferroviario".
El texto cierra asegurando que "como señaló el Presidente Javier Milei, este Gobierno va a privatizar todo lo que se pueda privatizar, y va a pasarle al sector privado para que funcione eficazmente todo lo que le pueda pasar al sector privado. Se terminó el Estado empresario".
De Macri a Cristina: la historia del Belgrano Cargas
La creación de Belgrano Cargas y Logística es consecuencia de un decreto del 2008 con el cual se dio por terminada la concesión que desde fines de la década del 90 tenía la empresa Belgrano Cargas Sociedad Anónima sobre el Ferrocarril General Belgrano.
La fiebre privatizadora de los ´90 se inició con las líneas de cargas en las que se identificaron seis subsistemas a ser concesionados por 30 años mediante licitación pública internacional, bajo el concepto de concesión integral.
Esto es, el concesionario debía tomar a su cargo el conjunto de las actividades ferroviarias: comercialización, operación, mantenimiento y, también, la rehabilitación del material rodante y la infraestructura.
En el año 2008 se originó una denuncia contra la empresa privada que concesionaba el Belgrano Cargas y que señalaba que la firma no rendía cuentas de los 2000 millones de pesos recibidos en carácter de subsidios.
En ese entonces, la Sociedad Operativa Ferroviaria estaba integrada por SIDECO, del Grupo Macri, a través de Franco Macri y la aceitera china Sanhe Hopefull.
Según se indicó en ese momento, la Auditoría General de la Nación (AGN) detectó buena parte de las irregularidades de la empresa y comprobó que se habían rendido cuentas con facturas emitidas por proveedores que eran empleados de las propias empresas privadas que administraban en ese entonces el Belgrano Cargas.
En el mes de junio de 2013, el Estado argentino rescindió los contratos de concesión con la empresa brasileña América Latina Logística (ALL) y recuperó para sí la administración de la totalidad de los Ferrocarril General Urquiza y General San Martín, con exclusión de la zona urbana del Gran Buenos Aires, así como un pequeño sector del Ferrocarril Sarmiento que también formaba parte de la concesión de ALL.
La decisión estuvo motivada por los graves incumplimientos de la empresa concesionaria, que según la AGN "era la empresa que peor cuida el mantenimiento y las condiciones de seguridad y cuenta con escaso personal idóneo abocado a las tareas".
A partir de un decreto de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Estado se hizo cargo de la explotación integral de la red carguera del Ferrocarril General Belgrano, hasta entonces concesionada a Belgrano Cargas SA.
También asumió la explotación de la carga de los ferrocarriles General Urquiza, General San Martín y una sección del Sarmiento, en reemplazo de la concesionaria ALL, y a partir del 1 de noviembre de 2021 con la totalidad restante del Sarmiento, General Bartolomé Mitre y General Roca reemplazando a FEPSA, NCA y Ferrosur Roca.
La gestión integral fue también encomendada a Belgrano Cargas y Logística, que era una sociedad anónima y cuyos principales accionistas fueron tres sociedades del Estado: Trenes Argentinos Infraestructura, Trenes Argentinos Operaciones y la Administración General de Puertos (AGP).
Las tres líneas que manejaba la empresa contaban en ese momento con 88 locomotoras y 4650 vagones para recorrer 9344 kilómetros de vías en 17 provincias; de esa infraestructura, gran parte, tras el fin de la concesión privada, estaba en mal estado y requería una inversión urgente.
Desde mayo de 2013 se hicieron 400 kilómetros nuevos de vías y se repararon cerca de 400 vagones, con financiamiento aportado por el Estado, y en el 2015 llegaron los primeros 151 vagones del Ferrocarril Belgrano Cargas comprados a China, de un total de 3500, que incluían, entre otros, Tolvas para cereal y carboneros para transportar el coque que requiere YPF.
En 2015, ya con el gobierno de Mauricio Macri, se anunció el Plan Belgrano con el objetivo de renovar 1500 kilómetros de vías e incorporar material rodante.
En 2016 se transformó la empresa estatal en Trenes Argentinos Cargas y en el 2020 se inauguraron las obras de renovación de vías en la provincia de Salta, donde se completaron 255 kilómetros con mejoras de la infraestructura de los ramales C, C18, C8 y C12.
En total, hasta fines del 2023 se habían renovado 900 kilómetros de vías del Ferrocarril Belgrano en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Chaco y Santa Fe, incorporándose a la flota de material rodante, 40 nuevas locomotoras y 1000 vagones nuevos.
En 2024, con la aprobación de la ley de Bases, la empresa fue sujeta a privatización, cuyo proceso finalmente dio comienzo ahora.
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