Hay que cambiar los malos incentivos del federalismo

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El punto de partida para revertir de manera estructural la crisis argentina es tener bien claro cómo funciona el federalismo. En el federalismo, el país va a lograr los niveles de desarrollo que cada una y el conjunto de las provincias logre. No es que las provincias se desarrollan cuando el país se desarrolla. Es al revés. El país se desarrolla cuando las provincias se desarrollan.

Esto es importante porque significa que los incentivos de las provincias a favor del desarrollo son decisivos para el desarrollo del país. Y estos incentivos están horriblemente puestos en la Argentina.

A los números

Hay sólo 5 provincias, que son Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Neuquén y Chubut que generan en sus territorios más impuestos nacionales que los recursos nacionales que reciben por la vía de la coparticipación, del gasto directo de la Nación y de las transferencias nacionales discrecionales.

Hay 4 provincias que salen empatadas, que son Santa Cruz, La Pampa, Mendoza y Entre Ríos.

Luego, 14 provincias reciben más recursos de la Nación que lo que aportan a las arcas del Estado nacional. Estas provincias son fundamentalmente las del norte argentino: Santiago, Jujuy, La Rioja, Catamarca, Misiones, Salta, Corrientes, Formosa, Chaco y Tucumán. Como se sabe, son muy beneficiadas por la coparticipación.

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La otra “provincia” que saca más de lo que pone es -aunque parezca paradójico- la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). No es que esté bendecida por la coparticipación como las provincias del norte (de hecho, es la que menos recibe por esta vía), sino que la Nación asigna muchos recursos nacionales como gasto directo y gasto discrecional en CABA.

La Nación a CABA le paga los subsidios a la electricidad, al servicio de agua y cloacas, el transporte urbano, tiene su sede central con lo cual la mayor parte del gasto administrativo lo hace en CABA, le maneja servicios que debería manejar CABA (como la justicia civil, comercial y laboral, IGJ, la regulación de la medicina), con los programas nacionales le manda recursos para educación, salud y planes asistenciales.

Esta paradoja es extensiva al conurbano bonaerense, donde la Nación también le mantiene muchos servicios y subsidios que, en el resto de la provincia de Buenos Aires, los paga la propia provincia. En la provincia de Buenos Aires, los que ponen más impuestos que los que reciben son las ciudades del interior de la provincia.

El problema de incentivos es que las regiones más productivas (interior de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Neuquén y Chubut) son “castigadas” poniendo más plata que la que reciben, para que la Nación subsidie a CABA y el conurbano y a las provincias del norte con el peor de los métodos, que es la coparticipación.

Es el peor de los métodos porque es un cheque en blanco. Todos los días las provincias del norte, subdesarrolladas, reciben automáticamente recursos nacionales sin ningún incentivo para revertir su subdesarrollo.

Ordenar el Estado y alinear incentivos

Para ordenar el Estado y alinear incentivos en favor del desarrollo se necesita, por el lado de los ingresos, acordar una distribución de potestades tributarias que apunte a que cada jurisdicción se financie con los impuestos que les cobra a sus ciudadanos. Derogar la actual Ley de Coparticipación y adoptar un principio de correspondencia fiscal (quien administra un gasto, también se hace cargo del impuesto para financiarlo).

La solidaridad hacia las provincias más pobres canalizarla a través de un Fondo de Convergencia. Este mecanismo, a diferencia de la coparticipación, impone un compromiso de usar los recursos solidarios en un plan de desarrollo.

Por el lado de los egresos, acordar que la Nación sólo ejecute funciones interprovinciales. Esto significa que debe transferir todos los servicios que le corresponde administrar a CABA y el conurbano a las respectivas jurisdicciones, y eliminar los programas nacionales que interfieren en el financiamiento y la gestión de funciones provinciales y municipales.

Cada provincia, con sus municipios, tiene que hacerse enteramente cargo de financiar y gestionar las funciones sociales: vivienda, urbanismo, salud, educación, seguridad y asistencia social.

Esto va a llevar a que las provincias y sus municipios tengan que rendir cuentas a sus ciudadanos por los impuestos que les cobra y los servicios sociales que les otorga.

Así es como se desarrollan los países federales.

“Los incentivos de las provincias a favor del desarrollo son decisivos para el desarrollo del país”