Las bombas fiscales se evitan con un Estado ordenado

eleconomista.com.ar

Luego de la crisis de deuda pública que se produjo a fines de junio y que provocó la salida del ministro Martín Guzmán, con la entrada del ministro Sergio Massa hubo un cambio en la estrategia de la deuda del Tesoro.

Mirando la planilla que aparece en la página del Ministerio de Economía aparece que entre junio y diciembre de 2020 el aumento de la deuda pública fue de US$ 18.000 millones.

Hay que resaltar que mucha de esta deuda está denominada en pesos argentinos, pero el Ministerio de Economía la expresa en dólares a tipo de cambio oficial para homogeneizar.

Cuando uno mira la composición del aumento de esta deuda, aparece que el 80% o US$ 14.000 millones son los bonos duales que vencen en 2023. Como se sabe, estos bonos vencían en la segunda mitad de 2022 y se logró diferirlos para mediados de 2023, atándolos al dólar o la inflación, lo que sea mayor. Claramente esto fue un “patear la pelota para adelante y después vemos”.

Por eso, los referentes económicos de la oposición alertan de que esto es una bomba y aparecen las disputas sobre a quién le tendría que reventar: al actual gobierno o al que venga en 2024.

LE PUEDE INTERESAR

¿En qué época conviene fumigar para combatir el dengue en la Ciudad?

LE PUEDE INTERESAR

El enfrentamiento Putin-Zelenski

Acumulación de déficit

Lo primero que hay que tener en cuenta es que las bombas se forman por acumulación de déficit fiscales. En este sentido, convendría ver qué paso en los últimos 3 gobiernos. En la última etapa de Cristina Kirchner el déficit financiero total del sector público nacional fue de 2,9% del PIB, durante la gestión de Mauricio Macri fue de 5,1% del PIB y en la de Alberto Fernández de 5,6% del PIB. El déficit fue creciente y este gobierno es el que más tuvo. Pero todos hicieron una contribución a la generación de la bomba.

La explosión de las bombas de deuda se da por dos vías. No se las paga con lo cual entran en default y posterior canje (generalmente, esto ocurre con las deudas en dólares) y/o se emite todos los pesos necesarios para pagarla, con lo cual se licúan con la estampida inflacionaria (esto ocurre con la deuda en pesos). Como la deuda acumulada para 2023 es en pesos, de explotar la bomba, va a ser por estampida inflacionaria. Luego de 2024, cuando los vencimientos son en dólares, es posible que explote vía default.

Nada novedoso para este país. Explosiones inflacionarias fueron las dos hiperinflaciones (1975, 1989). Explosiones por default fueron las de la convertibilidad (se produjo en 2002 y se extendió hasta 2016) y el final de Cambiemos (2019). Para un país que vivió explotando bombas fiscales, lo más importante ya no es sí la bomba explota o cuando explota. Lo central es cómo cambiar estructuralmente la organización del Estado para que no se vuelvan a formar bombas.

No sirven los ajustes tradicionales

Lo primero es aceptar definitivamente que los ajustes tradicionales no sirven. Manipular la regla de jubilaciones para que la inflación licúe gasto previsional es generar otra bomba que es la deuda previsional (este gobierno licuó gasto en jubilaciones y pensiones de 8,6% a 7,6% del PIB entre 2019 y 2022 con inflación y manipulando la movilidad). Pisar pagos, cortar obra pública, aumentar los impuestos o cobrarlos mal a propósito para hacer caja son las acciones que terminan generando las bombas fiscales y, lo peor, daña el tejido productivo y social porque espanta inversiones, induce a la informalidad y la evasión, y genera estructuralmente inflación.

Las bombas se forman por la acumulación de déficits fiscales y los déficits fiscales son estructurales por el desorden del Estado. Este desorden consiste en tener tres niveles de gobierno (Nación, provincias y municipios) que cobran a los mismos contribuyentes impuestos similares y quieren brindar solapadamente los mismos servicios. El resultado es una presión tributaria agobiante, no sólo por su nivel sino por el descalabro administrativo, y excesos de gasto público de muy baja calidad y eficiencia, lo que trasunta en pésimos servicios del Estado para la gente. Inflación con baja calidad de los servicios.

Un ordenamiento integral del Estado exige primero clarificar muy bien las funciones de los tres niveles de gobierno: la nación se hace cargo de lo interprovincial; las provincias y municipios de los servicios urbanos y sociales; y cada nivel se concentra en lo suyo.

Hay que unificar los 3 impuestos a las ventas que hoy existen (IVA, Ingresos Brutos y tasas municipales) y eliminar la coparticipación de forma tal que cada territorio provincial y municipal se financie con el fruto del impuesto a las ventas unificado que generen las actividades formales de su territorio.

Lo más importante: la nación no debe involucrarse más en el financiamiento y/o la gestión de funciones sociales que son de jurisdicción provincial y municipal, como salud pública, educación básica, vivienda y urbanismo, desarrollo social, ambiente y seguridad.

Desde la Nación hay que convertir a los actuales ministerios de estas funciones sociales en agencias nacionales de evaluación de resultados para informar a los ciudadanos de cada provincia y de cada municipio los resultados sociales de la gestión de su gobernador y su intendente. Esto se llama crear “presión social” de los ciudadanos para que con su voto induzca a su gobernador y a su intendente a cobrar impuestos razonables y dar buenos servicios urbanos y sociales.

De esta forma, provincias y municipios pasan a tener herramientas para ser artífices de su propio desarrollo: se financian con sus impuestos y tienen que rendirles cuentas a sus ciudadanos.

La Nación tendría las herramientas para estar equilibrada al no inmiscuirse en funciones provinciales y municipales.