Las provincias son dueñas de la coparticipación

eleconomista.com.ar

Los gobernadores de las provincias del norte intentan meterles miedo a sus pobladores diciendo que si gana Javier Milei les quitará la coparticipación y sin coparticipación no podrán pagar los salarios de los empleados públicos. La afirmación es primero mentira, después verdad. Vamos por parte.

La coparticipación no es una “generosidad” del gobierno nacional para con las provincias. Como que si viene un presidente “cruel” se termina la “generosidad”. La coparticipación es otra cosa. Es sólo una parte de un acuerdo más general entre el Estado nacional y cada una de las provincias.

La cosa es así. Según la Constitución, el Estado nacional y las provincias tienen competencias para fijar sus propios impuestos, tanto impuestos directos (sobre los ingresos y el patrimonio) como los indirectos (sobre los bienes y servicios). Entonces, para que no se produzca un lío de impuestos si es que el Estado nacional, por su parte, y cada provincia, por la otra, fijan sus propios impuestos es que se hace un acuerdo para tener un régimen unificado de impuestos nacionales y provinciales.

El acuerdo que está vigente lleva por nombre “Régimen Transitorio de Distribución entre la Nación y las provincias” (que es lo que le llaman “la coparticipación) el cual comenzó a tener vigencia en 1988.

Este acuerdo dice que habrá un único régimen de distribución (que se le llama masa coparticipable), con tres criterios de distribución (primario: Nación y provincias; secundario: entre provincias; ATN: Nación), con automaticidad en la distribución y, lo más importante, el compromiso de las provincias de no crear impuestos similares a los del acuerdo poniéndoles condiciones para el Impuesto a los Ingresos Brutos y a los sellos (que son provinciales).

LE PUEDE INTERESAR

Récord de remesas para Latinoamérica

LE PUEDE INTERESAR

Opinan los lectores

Este último dato es importante porque le quita grados de libertad a las provincias para ejercer su competencia constitucional de fijar sus propios impuestos a cambio del régimen de distribución automática de impuestos del acuerdo. Es una forma de ponerle orden al sistema tributario para que no sea un lío de impuestos nacionales y municipales.

Entonces, este acuerdo se sancionó con una ley simple en el Congreso en 1987 (es la actual Ley 23.548) y luego cada legislatura provincial fue adhiriendo a esta ley simple. De hecho, esta ley en su artículo 16° tiene una regla de adhesión que dice que las provincias recibirán automáticamente los recursos por 180 días; pasado este plazo y no adhirió, deja de recibir, y, con adhesión posterior, vuelve a recibir automáticamente los recursos, pero sin retroactivos. Las provincias fueron adhiriendo cada una por su lado y adhirieron todas.

Todo este relato es para ilustrar de que la coparticipación no es un acto de “generosidad” del Estado nacional sino un acuerdo político entre el Estado nacional y las provincias para ordenar el sistema tributario. Con lo cual no es cierto que si llega un presidente “X” puede dejar de mandar la plata de la coparticipación. Suponiendo que tenga mayoría en el Congreso y derogue la ley 23.548, automáticamente cada provincia recupera sus potestades tributarias constitucionales y podría aplicar sus propios impuestos.

En otras palabras, las provincias son dueñas de la coparticipación y, si desapareciera, cada provincia pasa a cobrar sus propios impuestos.

Aquí viene la segunda parte de la afirmación con que comienza esta nota. ¿Las provincias del norte podrían pagar los salarios públicos sin coparticipación? Sirve mirar algunos números. Según datos publicados por el Ministerio de Economía las provincias del norte tienen 63 empleados públicos cada 1.000 habitantes cuando el resto de las provincias argentinas tiene 45 empleados públicos cada 1.000 habitantes.

Según un estudio publicado en www.idesa.org las provincias del norte generan sólo el 12% de la recaudación de los impuestos nacionales que se distribuyen con el “Régimen Transitorio de Distribución entre la Nación y las provincias”, pero se llevan aproximadamente US$ 2.000 por habitante cuando el resto de las provincias argentinas se llevan US$ 900 por habitante.

O sea, las provincias del norte ponen poco, se llevan mucho y generan exceso de empleo público. Obviamente, que sin coparticipación, las provincias del norte no pueden pagar los sueldos de los empleados públicos porque se les fue la mano con el empleo público.

¿Cómo termina esta historia?

Así es como la coparticipación termina siendo una de las principales causas de la decadencia argentina. A las provincias del centro y la Patagonia le impone un drenaje de recursos que cercena su progreso. Pero, gran paradoja, también cercena las posibilidades de progreso de las provincias del norte. Porque induce a que los abundantes recursos que reciben lo destinen a empleo público espurio y otras prácticas clientelares. Así, entonces, la coparticipación profundiza (no compensa) el subdesarrollo de esas provincias del norte.