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RICARDO ROSALES
RICARDO ROSALES
El impulso “fiscalista” para contener el gasto público que se le atribuye al Ministro Martín Guzmán, parecería haber cesado en los últimos días, en tanto que el esfuerzo “recaudatorio” de la Nación y los gobiernos provinciales continúa, como si en el país la presión tributaria fuera un chicle que pudiera estirarse sin ningún problema. Los súper precios de la soja, con una recaudación adicional por retenciones a las exportaciones de granos que podría llegar a los U$S 3.000 millones; o el impuesto solidario a la riqueza (que grava solo los bienes locales, no de los extranjero) que daría otros $ 300.000 millones al tesoro; o la derogación del Pacto Fiscal, que permite a los gobernadores y los intendentes subir las alícuotas de Ingresos Brutos y tasas municipales a niveles asfixiantes, parecen insuficientes, no alcanzar, a cubrir el ansia por cobrar más impuestos al sector privado.
En Diputados, los cambios en Ganancias para reducir la carga fiscal sobre los trabajadores, se compensaron con un aumento de la tasa que pagan las empresas, que afecta en especial a las Pymes (Pequeñas y Medianas empresas). El proyecto define que aquellas empresas que ganen 2,6 millones de pesos al año, es decir una suma similar a la remuneración que recibe anualmente un funcionario de alto rango o un legislador nacional, pasarán del 30 por ciento al 35 por ciento de Ganancias.
La reducción de la carga de Ganancias en los salarios es una decisión justa por al menos dos motivos: uno, para mejorar el ingreso efectivo de los trabajadores y dos, porque los valores mínimos que los gravan, no habían sido actualizados hace mucho tiempo con la inflación. Pero esa medida debiera ser acompañada por otra que, al menos, no subiera la carga impositiva de las empresas, desgravara la inversión y considerara que transitamos aún una pandemia. En el año 2020, la mayoría estuvo cerrada por la cuarentena y otras decenas de miles directamente desaparecieron. La caída productiva fue del 10 por ciento y este año, quizás el rebote sea del 5 por ciento, es decir se recupere la mitad de lo perdido. Con la inversión, directamente hubo destrucción del capital bruto. Por tanto, cargar con más impuestos al sector privado no es inofensivo, con mayor razón si la presión tributaria de la Argentina está en el top mundial.
El rebote productivo actual, corre riesgo de ahogarse con esta nueva suba de impuestos o derivar más actividades hacia la economía negra, informal. No es casual que el empleo privado esté estancado hace al menos una década.
La reducción de Ganancias para los trabajadores, en este contexto, es otra decisión electoral del oficialismo que, además, no asegura hacia el futuro un ajuste automático por inflación de esa deducción sobre los salarios. Con una suba de precios en los últimos meses del 4 por ciento promedio y una proyección para 2021 de entre 40 por ciento y 50 por ciento, el beneficio de los trabajadores será temporal y rápidamente regresará a los niveles actuales.
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El agobio a la actividad privada por la presión tributaria se refleja a lo largo de los años en ese estancamiento para generar empleo. Según el IERAL de la Fundación Mediterránea, en los últimos 3 años, el empleo privado formal disminuyó un 7,6 por ciento en Argentina, con provincias que duplicaron esa tasa de caída. Otro efecto tiene que ver con la pérdida permanente del poder adquisitivo del salario y por consiguiente, la pérdida de productividad de los trabajadores argentinos con los del resto del mundo y la región y niveles de pobreza cada vez más altos.
En otro tema crucial que ayudaría a prolongar el rebote económico y disipar incertidumbres al sector privado, el gobierno de Alberto Fernández se muestra otra vez en un rumbo equivocado. Las negociaciones con el FMI quedarían en stand by, en otra espera, hasta después de las elecciones legislativas de octubre. Tras largos meses de advertirse ese riesgo en esta columna, el Gobierno estaría dispuesto a hacerlo oficial, destejiendo por la noche como Penélope lo que fue tejiendo de día, suponiendo que la decisión no tendrá ningún efecto económico. Con el telón de fondo de una alocada denuncia judicial contra el ex presidente Mauricio Macri y el mismo FMI (en el cual, por ejemplo, se pide la citación a declarar del ex presidente Donald Trump), el Ministro Martín Guzmán viaja a Washington DC, en apariencia, a resucitar una negociación estancada e insistir con pedidos extraños: un acuerdo por más de 10 años, en donde no pague nada el país y no haya compromiso de reforma, baja del gasto u otra condicionalidad que establecen esos préstamos por estatuto.
David Lipton, el número dos del FMI con Christine Lagarde como jefa, está hoy en el Departamento del Tesoro americano, y probablemente opine sobre el país. ¿Acaso se autoinculpará por el crédito como pide la denuncia y ayudará a Alberto F. como supone hizo con Macri por instrucción de Trump? ¿O quizás Alberto F. espera del presidente Biden un perdón por los créditos con el FMI? Al menos, surgen como iniciativas inconducentes y más bien electorales de corto alcance, hasta octubre próximo. Entretanto, postergar la negociación lleva a que ningún organismo internacional, Banco Mundial, BID, Club de París, etc., financie a la argentina y la banca privada a sus empresas.
La inflación, a su vez, no se frena y para cumplir con la meta oficial debiera descender a 1,8 por ciento mensual en lo que resta del año, algo bastante improbable. La inflación núcleo, es decir la que no considera los precios regulados, está en el 4 por ciento para este mes. ¿Imaginan en el gobierno que nada podría suceder en la economía en los próximos meses, que todas estas noticias no la afectarán? Más impuestos, inflación, retraso del dólar, aislamiento financiero con el resto del mundo, pobreza, estancamiento empleo, etc., no es un combo feliz que prometa sacar al país de la debacle de la pandemia e iniciar un crecimiento. Tampoco es casualidad que el riesgo país superó en la última semana los 1.600 puntos, valores que son de una nación en default.
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