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Ricardo M. Ortiz
Abogado
Una vez más el Poder Ejecutivo propicia reformas en la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación , tal como relatara Carlos Botassi en su artículo “La Corte como botín político de los gobiernos de turno”, publicado hace pocos días en estas misma páginas. Lo propio sostuvo Julio Piumato, sindicalista y abogado en otro escrito publicado en Infobae.
Allí se puntualizaba que ningún gobierno desde la vuelta a la democracia ha obviado prometer una reforma judicial, ni tampoco ha demostrado que esa declamación fuera un compromiso con una mejor justicia. Prueba que a lo largo de nuestra historia el debate del número de integrantes de la Corte jamás estuvo relacionado con un mejor funcionamiento de ella o de todo el Poder Judicial.
Este trazado histórico debe ser de lectura obligatoria para valorar la trágica decadencia institucional de nuestro país.
Concluye en forma terminante para resaltar la frágil memoria de los argentinos: La renovación de los miembros de la Corte se da con el tiempo y refleja los cambios que se dan en la sociedad, no en la política y cualquier intento de alterar ese orden es un atajo para controlar al Poder Judicial en su conjunto y degradarlo para someterlo desde su máxima autoridad.
Ese es el debate que se inicia en el Congreso para tratar el proyecto de reforma judicial enviado por el Poder Ejecutivo y su suerte representa el eje estructural sobre el que se edifica una Argentina posible.
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Rechazar la modificación del número de jueces de la Corte es un compromiso republicano y del Estado de Derecho. Es un momento completamente inadecuado en el marco de la emergencia sanitaria y económica. Carece del más mínimo consenso democrático.
No hay un número mágico de integrantes de la Corte. Lo sano es mantenerlo estable. Estamos en un país agobiado y empobrecido. Esta discusión corona el extravío de la clase política. Lo prudente es mantener el número actual (Santiago Legarre. La Nación 3/06/20).
Podríamos ver, por caso, como se replica la cuestión en la República Oriental del Uruguay.
La integración de la Corte uruguaya -con cinco miembros- es una imposición constitucional desde 1934 (artículo 234). Las Constituciones anteriores (1830 y 1918) dejaban a la ley la fijación del número de miembros de la Corte.
El establecimiento de este número de integrantes ha sido objeto de críticas y de proyectos de modificación. Pero estas propuestas no han tenido nunca andamiento. La ley no posee aptitud jurídica para alterar ese estatuto, de origen y de naturaleza constitucional.
Veamos otras diferencias sustanciales en los contratos sociales de los argentinos y uruguayos con sus dirigentes políticos.
En primer término, se encuentran frescos los recuerdos de la visita conjunta de los presidentes Uruguayos.
La imagen del Presidente saliente, al llegar del brazo del futuro Presidente, a saludar juntos al Presidente argentino, ha sido un mensaje muy uruguayo sobre lo que es posible, aún en medio de serias discrepancias. Verdaderamente un “uruguayismo auténtico”. Dichas imágenes recorrieron el mundo. Ambos construyen una potente imagen democrática y republicana.
Otra circunstancia inusual para la región fue la forma de encarar la lucha contra la pandemia de ambos presidentes. Priorizaron rescatar las coincidencias sobre el combate a la crisis sanitaria del coronavirus y de la economía y dejar de lado las diferencias.
Uruguay es un país en que los ex presidentes caminan solos por la calle y se detienen amablemente a conversar con los ciudadanos. De uno u otro signo político, todos por igual.
Me toco en suerte encontrar en las calles de Carrasco a Luis Alberto Lacalle Herrera, presidente 1990/1995 y compartir una alegre y divertida conversación.
También tuve el honor, hace muchos años, de conversar con el general Liber Seregni Mosquera. En una plaza de Montevideo, sentado en una silla, con una mesa y en diálogo con la gente. Preso en varias ocasiones, llamó a la lucha sin odio ni resentimientos.
La náutica me llevó en muchas regatas a Colonia del Sacramento y a la parrilla El Portón, donde Jose Mujica concurre con su esposa, Lucía Topolansky, al comando de su VW y departe con todos los concurrentes.
Es clásica la tradición de los ex presidentes, en cuanto a reunirse periódicamente a conversar y discutir políticas de Estado.
Jorge Batlle reprogramó los depósitos a plazo fijo y fueron devueltos a los interesados en la moneda originalmente pactada y con un interés adicional.
Actualmente, Lacalle Pou y Tabaré Vázquez acordaron el modo de enfrentar la Pandemia, sin cuarentena obligatoria y con convocatoria a la responsabilidad social de los ciudadanos para quedarse en sus casas.
En los festejos de las últimas elecciones, en la rambla de Montevideo convivían distintos colores y afiliaciones y la periodista brasileña Silvia Colombo, corresponsal en América Latina del diario Folha de San Pablo, describe a un joven con un cartel que decía: “No perdamos este país”.
Uruguay es una condición inusual en Latinoamérica. Sus dirigentes políticos han construido un pacto progresista sin importar el bando. La excepcionalidad uruguaya es esperanzadora. Y como ellos dicen: ¡“¡Uruguay, noma’!”.
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